En febrero del 2016 el entonces presidente, Rafael Correa, firmó el decreto para la ejecución de los Objetivos del Decenio Internacional Afrodescendiente 2015-2024 (cap. Ecuador), designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con su enunciado Reconocimiento-Justicia-Desarrollo para resarcir el sometimiento y exclusión de esta etnia, factor importante en la formación de una nación que no reconoce, retribuye, ni respeta cabalmente sus derechos, donde lo racial aún determina la importancia ciudadana, y priman intereses de grupos, no los de toda la población. Las etnias más vulnerables siguen constituidas por indígenas y negros, en relaciones de conocimiento, trabajo y mando bajo estructura piramidal. El decenio trata de reivindicar el respeto a la identidad; inclusión real; fin de la discriminación y el racismo; reparaciones en cuanto territorio, recursos naturales, contaminación del hábitat; organización y participación; saberes. Hay rapidez ante compromisos financieros internacionales, pero lentitud con esa deuda humana. El Gobierno debe rendir cuentas por el incumplimiento; también los asambleístas y funcionarios silentes.

Quizá se estime inoportuno el reclamo, por la crisis sanitaria; es precisamente por ella su relevancia. La pandemia azota sectores que estuvieran mejor protegidos si el decreto ya mitigara esas cifras del censo último, donde afroecuatorianos muestran bajos niveles de actividad laboral, escolaridad y alfabetismo, y el 75,5% no aporta al seguro social. Esto mina su progreso y la práctica de los artículos 1, 3, 6, 10 y otros de la Constitución sobre derechos y garantías ciudadanas. Es cierto que forman parte de un universo social de clase, género y etnias también con problemas agravados por la pandemia; sin embargo, la exigencia del decenio no puede obviar lo étnico por los rezagos coloniales.

A fines del 2019 una Comisión de la ONU recorrió zonas afroecuatorianas. Aconsejó reconocer su aporte histórico; incrementar la lucha contra la discriminación racial; asegurarle acceso a la justicia, seguridad, tierra, agua, sanidad, vivienda, oportunidades económicas, educación de calidad en especial en campos y periferias, etcétera. Resalta incluir la etnoeducación en el currículo escolar. La Esmeraldas de Antón, Illescas y herederos, que proclamó su independencia de la Real Audiencia de Quito el 5 de agosto de 1820, propagó la mecha a Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y otras comarcas; aun así, este octubre, mes de la afroecuatorianidad y año del bicentenario, sigue abandonada, la etnia subalternada y el decenio entre dádivas y tibieza de ciertos dirigentes atados al tutelaje estatal. Esto mantiene a la etnia de ‘últimos otros’, como lo denomina Catherine Walsh.

Este decenio-bicentenario se debe meditar, corregir errores, insistir en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentada a la Asamblea para, entre otros fines, implementar la etnoeducación, capacitar a jóvenes líderes éticos, orgullosos de raíz y nacionalidad, valientes para reclamar sus derechos y ayudar a forjar una patria que facilite el desarrollo de todos ante un escenario pospandémico incierto. (O)