Hemos iniciado la nueva era del hogar. El derecho a una vivienda digna gana vigencia y urgencia. La promesa del Estado de superar el déficit habitacional aparece en cada ciclo electoral con débiles o inexistentes resultados. Plantearnos un nuevo modelo de atención a las necesidades de vivienda podría representar el inicio de un proceso gradual que efectivice el derecho social de las personas a vivir una vida digna, en una vivienda decente.
La vivienda representa diferentes dimensiones del bienestar social: es un bien económico, un derecho humano, una plataforma de desarrollo; transita entre ser una mercancía y ser un bien social. El acceso a una vivienda adecuada se efectiviza a través de formas de tenencia eficaces que den estabilidad, flexibilidad y asequibilidad. La compra de vivienda, el alquiler y los incentivos para construir ampliaciones o reacondicionamientos de viviendas existentes son alternativas que están condicionadas por un sistema de financiamiento tradicional, caro y complejo.
El replanteamiento integral del financiamiento de vivienda exige que las industrias de la banca, de la construcción e inmobiliaria, de seguros y la academia demuestren su valor social y construyan juntas una estrategia de innovación abierta, donde se integre a los emprendimientos de tecnología financiera, Fintechs, para diseñar modelos alternativos de financiación colectiva, estimulando la inclusión financiera y la cultura del ahorro. Otro reto será crear una plataforma de alquiler justo que elimine el riesgo de la especulación y fortalezca la real capacidad de pago. La digitalización del acceso al crédito y al alquiler justo va más allá de su transaccionalidad, es importante estimular la creación de soluciones accionables con sentido inclusivo.
La vivienda de interés social con subsidio del Estado se enfrenta no solo al déficit cuantitativo, sino también al cualitativo. Los estándares mínimos de calidad reflejados en viviendas de 49 m2, con 20 % mínimo de iluminación y 6 % mínimo de ventilación convierten a estos espacios en poco funcionales para ejercer no solo el derecho a una vivienda digna, sino a la educación a distancia, al teletrabajo e incluso la salud. Una nueva realidad que también exige el mejoramiento de las viviendas existentes, así como la integración del acceso a internet, como un servicio público para garantizar los nuevos estándares de bienestar y seguridad en la vivienda social.
Si bien la progresividad del ejercicio de un derecho parte de los niveles mínimos necesarios, la accesibilidad y la calidad habitacional van de la mano; integrar nuevos estándares funcionales a la vivienda representa la oportunidad para convertir a los hogares en espacios de desarrollo y bienestar integral, donde la dignidad no tiene márgenes de discrecionalidad. El sector privado tiene la oportunidad de demostrar su valor social estimulando la innovación en un mercado que reclama mayor capacidad de respuesta, dos factores clave para reactivar una economía de derechos, donde la dignidad y la inclusión crean prosperidad a partir de necesidades inmediatas, para luego escalarlas hacia soluciones sostenibles. (O)
