Lo que al Gobierno le causa alivio, al pueblo le produce enorme preocupación sobre el galopante crecimiento anual de la deuda pública, por el descalabro de la economía que dejó el régimen de Correa, con presupuestos aprobados con déficits que deben ser financiados con préstamos, que acumulados están sobre la escuálida capacidad de pago del Estado.
La situación está agravada por el COVID-19 que afecta al planeta, cuyo enfrentamiento, gracias a Dios, se ha podido solventar con la participación de los gobiernos municipales que han tomado a cargo lo que le correspondía hacer al Gobierno nacional. Se nos informa que ha ingresado al país un primer desembolso de un crédito concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo, en una primera etapa, aproximadamente por $2.500 millones. Una actitud ética y moral –porque no se han cumplido las disposiciones constitucionales– es que a los gobiernos de los municipios medianos y chicos que hayan invertido recursos de sus limitados presupuestos de gastos, en atención de la pandemia en hospitales públicos, casas de salud, alimentos para clases desposeídas, se les reintegre esos dineros con base en facturas, para que puedan cumplir con sus presupuestos iniciales de egresos, ya que se conoce que ni siquiera pueden pagar los sueldos a sus trabajadores; a más de que se anuncia que sus ingresos de participación van a ser reducidos, claro está, al margen de la ley. Recomendamos al ministro de Finanzas leer los artículos 261 y 273 de la Constitución que mandan que la salud y la educación son competencias exclusivas del Gobierno nacional y que si se transfieren estas competencias a los gobiernos municipales, se lo debe hacer con transferencia de recursos; si no hay estos recursos, tampoco hay transferencia de competencias. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas debe luchar por el municipalismo, su autonomía y sus recursos.(O)
Gustavo Chiriboga Castro, abogado, Quito