A pesar de la controversia sobre el juicio a la banda del ‘Arroz Verde’, hay un acuerdo generalizado sobre el efecto electoral que tendrá la sentencia expedida la semana pasada. Particularmente, pesará la exclusión de Rafael Correa de cualquier candidatura y no, como debería ser, la demostración de la existencia de un sistema corrupto de alto nivel. Si entre los votantes hubiera un rechazo mayoritario a la corrupción, no sería necesario hacer cálculos, ya que una opción como esa ni siquiera tendría cabida en las expectativas de las personas. Pero estamos regidos por valores que llevan a tolerar el robo y más actos delincuenciales a cambio de alguna obra, una dádiva o, en el caso de los más afortunados –como los empresarios involucrados en ese episodio–, por la obtención de una prebenda. Al final, va a ser la presencia o ausencia de un individuo y no principios éticos lo que va a mover al electorado.

Esa es la realidad y en ella hay que moverse. Pero, si bien es cierto que la ausencia de Correa alterará el tablero electoral, no está claro en qué medida lo hará. Su capacidad de endoso se incrementa en una situación desesperada como la actual, en que se mezclan tóxicamente los efectos de la pandemia del COVID-19, un gobierno prácticamente en bancarrota y políticamente atado de manos y la ceguera de los otros actores políticos. Aunque ha pasado un tiempo muy corto, ya se puede ver cómo se van perfilando las estrategias de estos últimos. En lugar de borrarle de la campaña, todos están empeñados en enfrentar a un fantasma que se alimenta gratuitamente con el pánico de ellos. Si siguen por esa vía, no se producirá el efecto de desaparición del “factor Correa”. Incluso, ese temor podría hacer innecesaria la candidatura vicepresidencial de su hermana, que según confesión propia, él consideró como una posibilidad para que su apellido conste en la papeleta (cosas de las dinastías populistas, como las llamó Carlos de la Torre en su columna publicada en esta página).

Como si no fueran suficientes los errores con que inician la campaña, los asambleístas no encuentran mejor estrategia electoral que ensañarse con el gobierno agonizante. Enjuiciar a la ministra Romo por los hechos de octubre es una bandeja repleta de manjares para quienes convirtieron la protesta en un intento de golpe de Estado. Aún no ha pasado un año y los asambleístas y sus partidos ya han olvidado no solo el grado que alcanzó la violencia, que incluyó el uso de armas de fabricación casera, sino sobre todo el incendio de la Contraloría y el conato de toma de la Asamblea (por el que fue acusado uno de los actuales candidatos a la Presidencia). El juicio, que a finales del año pasado era parte del complot golpista, será la ocasión ideal para que Alianza PAIS abandone definitivamente su condición de partido de gobierno y para que los otros partidos se bañen en el agua de rosas de su profunda comprensión de los dolores y anhelos populares. Si hace menos de un año este juicio habría servido para desenmascarar la trama golpista, ahora será la palabra que la santifique.

Con enemigos tan generosos, para qué buscar amigos, debe pensar desde su ático. (O)