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Flexibilidad para la educación

Una encuesta de Gallup en EE. UU. realizada a fines de julio reveló que 36 % de los padres desean educación presencial a tiempo completo, 36 % semipresencial y 28 % exclusivamente virtual. No he visto encuestas nacionales pero sospecho que reflejarían algo similar. Es innegable, más aún en el contexto de la pandemia, que los padres necesitan libertad para elegir la educación de sus hijos.

Ahora conocemos mucho más acerca del virus, aunque todavía muy poco, pero lo que sabemos se debe en parte a la experimentación permitida. Sabemos que las mascarillas son importantes para reducir la transmisión, también que los lugares cerrados con filtración pobre del aire son más proclives a la propagación del virus que aquellos abiertos.

Este tipo de información ha servido para desarrollar varias medidas que las empresas han implementado. A todo empresario le interesa asegurar la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Que el Gobierno nacional haya permitido experimentar en prácticamente todas las actividades económicas menos a aquella que concierne a los niños es algo lamentable. El Gobierno finalmente ha hecho bien en iniciar una campaña que traslade la responsabilidad desde las autoridades hacia donde siempre debió residir: en cada individuo y su familia.

Pero esto debería ser extendido a las escuelas. No es deseable ni realista esperar que los padres pasemos unos 2 años sin tener la opción de educación presencial. En la costa 1 millón de los 2,5 millones de estudiantes inició clases sin conectividad. Prohibir las opciones mostraría una falta de empatía con la situación de aquellos niños para quienes la educación virtual es ineficaz, algo simbólico que los políticos podrán ofrecer para quedar bien con cierto público, pero que deja a la mayoría de los estudiantes del país con al menos un año lectivo perdido.

Aquellos estudiantes de mayores ingresos tendrán más opciones porque continuarán su educación a través de los planes virtuales de colegios con mayores recursos, seguramente tienen la conectividad y los dispositivos además del acompañamiento de un familiar. Los más pequeños (menores de 6 años) perderán una etapa crucial para desarrollar sus habilidades sociales para las cuales difícilmente es un sustituto la educación virtual.

Las escuelas particulares son más flexibles y se adaptan más rápido a los cambios que las burocratizadas escuelas fiscales, por lo que son las más indicadas para proponer y ensayar los muy necesarios planes de retorno a las aulas. Debería permitírseles experimentar y a los padres elegir.

Además, el Ministerio de Educación debería compartir su presupuesto con aquellos padres de ingresos más bajos, quienes si recibieran un bono escolar podrían elegir aquella opción que consideren más conveniente para sus hijos. El Estado gastó $1016,40 por cada estudiante en el sistema fiscal el año pasado, lo que equivale a una pensión mensual de alrededor de $100. Según cifras del Ministerio de Educación, 47 % de las instituciones educativas particulares del país cobra una pensión menor a $61 y un 77 % inferior a $121.

Si las escuelas fiscales no están preparadas ni dispuestas a ofrecerles alternativas a los padres, deberían permitirles que busquen otras opciones en otras instituciones que sí lo quieren y pueden hacer. (O)

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