Una suerte de desborde popular, para utilizar los términos de un libro clásico de la sociología latinoamericana –Desborde popular y crisis del Estado, de José Matos Mar (1984)–, enfrenta el sistema de autoridad local y estatal frente a la pandemia. El libro de Matos Mar describía la crisis del Estado oligárquico peruano frente al incontenible proceso de urbanización y modernización del país. Pero el desborde popular tiene que ver hoy con las dificultades del Estado para disciplinar, incluso mediante operativos militares, a los barrios llamados calientes de Quito, los más populares y pobres, donde los niveles de contagio del COVID-19 se volvieron muy altos. El alcalde Yunda resumió la percepción del desborde en estos términos: “Las autoridades no podemos, a estas alturas de la pandemia, poner un policía o un agente metropolitano detrás de cada ciudadano. Todos los días luchamos con libadores, (…) con fiestas clandestinas, con reuniones, con una serie de aglomeraciones”.
No hay forma de poner orden. Y si en Guayaquil, en los meses de marzo y abril, las quejas por indisciplinamiento de la sociedad llevaron a reforzar los estados de excepción, hoy esas quejas se vuelcan sobre los quiteños. Pero no sobre todos sino sobre los sectores populares de la ciudad donde se concentran los lugares con mayores contagios. Todos son barrios populares del sur, centro y norte de la ciudad, con alto desempleo e informalidad. Yunda dijo que no es posible que “el ciudadano esté a escondidas de la autoridad”.
La pandemia ha mostrado la dificultad del Estado para imponer orden en nombre de la preservación de la vida. Ha fijado cada vez restricciones más duras en las zonas calientes: limitación de los derechos, toques de queda más amplios, estados de excepción y control militar en las calles. Allí donde las necesidades de sobrevivencia se resuelven en el día a día, en condiciones precarias, en las calles, en la informalidad, las medidas no surten efecto. El ciudadano, como dice Yunda, se esconde de la autoridad. Se instaura un juego del gato y el ratón interminable.
Un Estado que no puede contener en sus normas, disposiciones, ni siquiera en sus medidas extremas de autoridad, a un sector de la sociedad, se convierte en un Estado desbordado. La pandemia genera un contexto de mayor informalidad y precariedad laboral, por un lado; pero también una sociedad que no puede ser disciplinada, que opera, en algunos sectores, con sus propias reglas de sobrevivencia. Desde el inicio de la crisis se han perdido, según registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 300 000 empleos formales. Somos ya una sociedad donde gran parte de su población sobrevivirá –para usar el lenguaje de Yunda– en las aglomeraciones callejeras. Pero la pandemia muestra que el uso de la fuerza se convierte en un recurso limitado. Hoy el indisciplinamiento se encuentra en Quito, cuando se pensó, al inicio de la pandemia, que era una conducta de los guayaquileños. Hoy Quito tiene mayores contagios y mayor desborde. El problema es mucho más amplio y generalizado, y muestra los límites del Estado y los límites también de esta lógica disciplinaria de los sectores populares. (O)
