El Ecuador nació endeudado. Al independizarse, se llegó a un acuerdo mediante el cual la naciente república asumiría 21,5 % de la deuda de la Gran Colombia, 1 424 579 libras esterlinas. La distribución se hizo en una reunión en Bogotá, a la cual no asistió el delegado ecuatoriano. La división se hizo con base en la población, pero no tomó en cuenta dónde estaban los activos adquiridos. “Salvo la vieja fragata Colombia, que casualmente se encontraba en aguas ecuatorianas, y 16 000 pesos, el Ecuador no recibió ningún otro bien material como saldo de las compras realizadas con los empréstitos conseguidos para las luchas de la Independencia” (Alberto Acosta, La deuda eterna).

El libro de Acosta narra la historia de la deuda hasta 1990, con su secuencia de defaults, negociaciones, propuestas. En algunas ocasiones se ofreció pagar la deuda con “tierras baldías” en la Amazonía, con las islas Galápagos, con ingresos de la aduana o rentas mineras. Ecuador empata con España, Venezuela y Argentina como los países que más moratorias de deuda externa han tenido.

La “deuda inglesa” de la independencia recién fue cancelada en 1976, en medio del boom petrolero. El boom fue la primera oportunidad de eliminar la deuda. Noruega, que desarrolló campos petroleros, no solo que no se endeudó, sino que acumuló un fondo de inversión que alcanza 1 186 000 millones de dólares.

Pero el Ecuador, cuya deuda externa se redujo a $241 millones en 1970 (15 % del PIB), comenzó a endeudarse para financiar obras de infraestructura, como hidroeléctricas, y en parte por gasto militar, llegando a $10 000 millones en 1987 (109 % del PIB).

La segunda oportunidad para eliminar la deuda fue en el gobierno de Correa (2007-16), cuando los precios del petróleo subieron, generando $95 581 millones de ingresos.

En lugar de cancelar la deuda y acumular ahorros, el Gobierno declaró una moratoria no por incapacidad de pago, sino para manipular al mercado (se utilizaron más fondos para recomprar los bonos con descuento que el servicio de la deuda previsto). Al caer los precios del petróleo a partir de 2014, en lugar de reducir el gasto público (44 % del PIB), el Gobierno comenzó a endeudarse. La deuda externa pasó de $8000 millones en 2009 (13 % del PIB) a $32 000 millones en 2017 (32 %) y $40 000 millones en 2020 (37 %). Del total, corresponden a los bonos $18 747 millones.

Ante la pandemia de COVID-19, el colapso de las exportaciones y los ingresos fiscales, el Gobierno solicitó a los tenedores una suspensión de pagos hasta agosto, con miras a una reestructuración. El Estado no podrá atender el servicio de la deuda en los términos previstos. Se espera que se apruebe un periodo de gracia (sin pagos de capital o intereses); una reducción de intereses; una extensión de plazos (5-7 años); y una reducción del principal (del 15 %).

El banco de inversión Barclays estimó que se podría obtener una reducción del 46 % en el valor presente neto de los bonos, con una reducción del capital, periodo de gracia, intereses más bajos y plazos más extensos. Pero aun con una reestructuración adecuada, la deuda continuará afectando la vida del país por generaciones. (O)