La aprobación de las leyes de urgencia y las medidas tomadas señalan la dirección por la que el Gobierno encaminará al país para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Es posible intuir en dónde pondrá el énfasis, qué resortes activará, hasta dónde está decidido a llegar, qué grupos se perjudicarán y cuáles se beneficiarán. Pero, antes de entrar en ese terreno, algo que queda claro es que, debido a que el reloj y el calendario del Gobierno tienen un andar pausado, las leyes y las medidas no solo llegaron tarde, sino que entre ambas no hubo la más elemental sincronización. No hay justificaciones válidas para sostener que las medidas no podían tomarse mientras se desarrollaba el debate legislativo. Al contrario, se puede suponer que una decisión de ese tipo podía propiciar una votación favorable a la aprobación porque los asambleístas habrían considerado que el Gobierno ya cargaba con todo el peso. Adicionalmente, no habría sido necesario depender de aquella voluntad para demostrar que tiene amplio espacio para tomar decisiones que no requieren del debate legislativo.

Por otra parte, tampoco hubo lógica en el retiro de los impuestos (presentados eufemísticamente como contribuciones) que estaban contenidos en la propuesta presidencial. La explicación fue que no se obtendrían los votos necesarios. Seguramente era así, pero tenía a disposición el poder de veto, ese instrumento contundente del presidencialismo, para imponerse sobre los cálculos electorales y la dependencia de intereses corporativos de los legisladores. Por tanto, no se justificaba eliminar de la propuesta el único instrumento redistributivo, que además habría canalizado algún apoyo social al Gobierno. Ahora, después de las medidas que hacen caer todo el costo de la crisis en los empleados públicos, el secretario general de Gobierno anuncia la posible utilización de ese recurso para volver al espíritu original. Es tarde, pero es imprescindible que lo haga.

Sin un contenido de carácter redistributivo, lo hecho no servirá para el objetivo central, que es superar la crisis y sentar las bases de un nuevo modelo económico. Para ello hay dos requisitos básicos. Primero, es imprescindible una acción estatal inmediata y eficaz para contrarrestar los efectos de la pandemia y de la contracción económica. Eso quiere decir recursos, liquidez, canalización de créditos, capacidad de aplicación de programas de emergencia. Las medidas no le proporcionan esto. Segundo, el Estado debe impedir la precarización hasta que el sector productivo formal tenga capacidad para generar empleo. Las medidas económicas apuntan, consciente o inconscientemente, a fortalecer el sector informal cuando se ofrecen créditos a miles de empleados públicos para “emprendimientos”. Algunos de ellos podrán salir adelante en ese desafío, pero es muy probable que la mayoría no lo logre y que tampoco encuentren empleo en el sector formal. El incremento de la pobreza y la desigualdad sería el resultado perverso. Se lo puede evitar si se entiende que, más allá de los dogmas, el papel del Estado es clave en esta coyuntura para ir hacia una economía productiva. (O)