Una catarata de protestas y acusaciones le cayó al economista que dijo que la realidad había superado a la legalidad. Muchas personas consideraron que esa frase era un llamado al autoritarismo y un aliciente para que el Gobierno asuma poderes supraconstitucionales. De paso cabe hacer notar que quienes más levantaron la voz en defensa del orden establecido fueron los que aplaudieron a rabiar cuando su líder, naciente en ese momento, se negó a jurar respeto a la Constitución al asumir el cargo presidencial. Pero, volviendo al tema, no resulta descabellado considerar la frase en una visión de más largo alcance, más allá del momento inmediato. De la epidemia saldremos más temprano o más tarde, ya sea por las medidas mal adoptadas o porque el virus alcance el límite del contagio. Cualquiera de las dos opciones –pero sobre todo la segunda– se llevará miles de vidas y golpeará a la economía nacional en un grado que aún es impredecible, pero que ya nos ha mostrado su cara terrorífica. Por ello, lo que viene después debe preocupar tanto como lo que se hace hoy. Para ese momento, cuando por fin entendamos que la tarea es colectiva, la frase cobrará sentido.

En efecto, será muy difícil enfrentar la pospandemia con el ordenamiento político y administrativo actual. El ejemplo más claro es el de las relaciones laborales. Sectores empresariales han insistido mucho en un aspecto de estas, que es la contratación por horas, pero el tema no se agota ahí. El encierro obligado nos ha demostrado que hay modalidades de trabajo que son muy eficientes pero que, al no estar contempladas en el código vigente, no podrán mantenerse después de la emergencia. La multiplicación de microempresas de abastecimiento a domicilio, el teletrabajo, la conformación de equipos con personas que jamás se han reunido físicamente son algunas de esas modalidades que deberían tener cabida formal en el futuro inmediato. No solo son potencialmente más eficientes, sino que se basan en la confianza mutua que, según las encuestas sobre comportamientos ciudadanos, es algo de lo que carecemos los ecuatorianos.

Pero los desafíos no se agotan en el campo del trabajo. En otros aspectos sociales, como la educación y la salud, será necesario un cambio radical, no las reformas cosméticas a las que estamos acostumbrados. En lo político habrá que pensar en una verdadera redistribución del poder en términos territoriales, con el fortalecimiento de las instancias locales. Se pueden sumar tareas en una lista inacabable, porque el mundo que se está conformando es radicalmente diferente al que conocemos y el país no puede, como ha sido su costumbre, quedar aislado. Obviamente, para enfrentar ese enorme desafío se requiere un gran acuerdo político, y ahí es cuando las expectativas chocan con la realidad. Los cuatrocientos quince días que le restan al Gobierno actual serán de simple supervivencia si no hay voluntad de los actores sociales y políticos para sentar las bases que deberán sostener al próximo. Para eso hay que entender que, en efecto, la realidad superó a la legalidad. (O)