El régimen tardó en prevenir la propagación del coronavirus, del que debió saber en enero de 2020. Recién el 11 de marzo el Ministerio de Salud declaró en emergencia a los establecimientos del área, 11 días después de detectarse el primer caso. ¡Y se fue regando! Inexplicablemente, dispuso que la crisis sea atendida con los fondos presupuestados, no más.

La negligencia no era nueva: luego de que en 2013 la inversión estatal de salud fue de $413 810 000, ha ido descendiendo hasta el 2019 a $130 000 000. Y la Constitución del 2008 mandó que el presupuesto en salud se incrementara anualmente en no menos del 0,5 % del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 4 %.

El 2019 el Gobierno Nacional despidió de 2500 a 3500 trabajadores de la salud, entre ellos a 300 epidemiólogos. El mismo año dio por terminado un convenio con Cuba, echando a 400 médicos cubanos, que probablemente integran las delegaciones que ayudan a otros países. 40 solicitaron su concurso. 250 médicos que terminaron sus becas no pueden laborar “por falta de dinero”. Se convocó para llenar 1000 plazas únicamente por tres meses, por cuyo motivo pocos galenos aceptaron.

No hay dinero, sin embargo, desoyendo al Banco Mundial y a economistas neoliberales, pagó $324 000 000 de deuda externa; con la connivencia de la Asamblea Nacional, perdonó $2500 millones de deudas tributarias a las grandes empresas; 500 compañías deben $1449 millones al SRI; la mora patronal con el IESS asciende a $1196 millones. Mientras, el Estado adeuda al Instituto unos $3000 millones, menoscabando sus recursos, ahora tan necesarios. En medio de ello, solo el 38,8 % de la población laboral tiene empleo adecuado, el 58 % no tiene seguro. Algunas transnacionales tienen utilidades del 90 % y existen oligopolios que controlan el 91 % del mercado, fuga de capitales a paraísos fiscales, altas tasas de interés.

Frente a la emergencia sanitaria, el régimen ha propuesto un proyecto de ley de “apoyo humanitario”, que lo es parcialmente, porque suspende temporalmente los desahucios de inquilinos, prohíbe los aumentos de las tarifas de servicios básicos, entre otras medidas. Establece contribuciones: por nueve meses, para personas naturales: trabajadores y otros que percibieron ingresos el 2019, desde 500 en ambos casos. Para las empresas que tuvieron utilidades el 2018 de $1 000 000 o más, el 5 %. ¿Se justifica? Claro que sí, en primer lugar, porque ningún capital genera ganancias por sí solo, lo hace con el contingente que presta la sociedad entera y el trabajo en particular. En segundo lugar, porque en el sistema de libre mercado del Ecuador, el Estado no produce dinero suficiente para atender necesidades mayúsculas como esta y aún el Gobierno quiere achicar más al Estado con privatizaciones. En tercer lugar, es una mínima colaboración: de $1 000 000 de beneficios, por ejemplo, apenas $50 000 sería. El banco que más ganó el 2019, $120 045 950, pagaría $ 6 002 297. En cuarto lugar, se propone cancelar en cómodas tres cuotas y con periodo de gracia de tres meses, con lo cual se desvirtúa la urgencia. Se prevé exonerar a las empresas que hayan sufrido una grave y directa afectación en sus actividades, como consecuencia de la crisis, con lo cual, según expresa un dirigente empresarial, la mayoría de las empresas no pagarían. Quienes se oponen a tal contribución y entienden la solidaridad exclusivamente si les significa créditos tributarios, deberían advertir que su auxilio total representa el 36,5 % de lo que se pretende recaudar, mientras que el de las personas naturales constituiría el 63,5 %, de acuerdo con valores dados por el Ministerio de Finanzas. Los hombros de los pobres son más frágiles, pero se pretende que soporten el mayor peso de la crisis. En otros países se propone legislar en similar sentido al del proyecto, otros como Alemania y Colombia tuvieron impuestos por causas específicas, el primero por la reunificación y el segundo por el conflicto interno. En Chile se incrementó el impuesto a las rentas más altas, del 30 % al 45 % después de las protestas de octubre último.

La cuenta de asistencia humanitaria se nutriría también de los créditos de los organismos multilaterales crediticios, mas, no se determina el porcentaje del aporte, ni siquiera se dice que será considerable. No sea que en medida excesiva se quiera subsidiar a la empresa privada, que soporta ciertamente un severo golpe a su economía, especialmente la pequeña y mediana. El salvataje bancario de 1999, con fondos del Estado, fue de $1600 millones, con préstamos del Banco Central por $20 824 millones y provocó un desempleo del 14,4 % y la pobreza se incrementó, entre otras nocivas secuelas.

Se plantea ayudas estatales a las empresas que no despidan a sus trabajadores. No obstante, decenas de miles ya han sido echados, en algunos o muchos casos imponiéndoles que renuncien y a elementos antiguos. Por ende, igual podrían gozar de las prebendas.

La ponzoña mayor del proyecto viene con las disposiciones de Derecho Laboral: se procura facultar a empleadores y trabajadores a que acuerden nuevas condiciones en su relación, “la libertad del zorro en el gallinero”, para que los servidores sigan laborando a costa de sacrificios, que, si bien podrían desembocar en violaciones a sus derechos y a la Constitución, el control institucional del poder económico obstaculizaría los reclamos. Se intenta crear un modelo de contrato de plazo fijo, ya abolido. Se quieren bajar permanentemente las remuneraciones de ciertos servidores públicos. Bastaría lo que dispone la ley sobre la rebaja de las horas de trabajo, pero se pretende aprovechar la coyuntura para favorecer al capital en perjuicio del trabajo.

El ilustre sacerdote Pedro Casaldáliga enseña: “La paz solo será posible si se socializa la riqueza”. Nadie tiene más derecho que nadie a gozar de los frutos de la tierra. (O)