La pandemia global ha derivado en una crisis económica de una magnitud no vista quizás desde la Gran Depresión de los 1930. Aunque se puede decir que hay un consenso de que ante una crisis como esta se debe inyectar liquidez para evitar una contracción todavía más profunda, y aunque así lo estén haciendo varios bancos centrales alrededor del mundo, esto simplemente no es una opción viable ni conveniente para el Ecuador. Al estar dolarizados, nuestro banco central no puede emitir moneda para cubrir su déficit. Aun si la tuviera, al no ser esta de aceptación mundial como el dólar, no estuviéramos mejor, dado que esto simplemente le permitiría endosar el ajuste vía inflación a los trabajadores y debido a la devaluación se desatarían una crisis cambiaria y la fuga de capitales, lo que suele derivar en una crisis financiera.

El presupuesto aprobado a fines de 2019 pretendía gastar este año poco más de $35 000 millones. Pero ahora sabemos que las principales fuentes de ingresos del Estado se contraerán significativamente: los ingresos tributarios podrían bajar por lo menos en un 15 %, llegando a alrededor de $12 000 millones (en lugar de $14 380); y los ingresos petroleros serán prácticamente nulos. Adicional a esto, esperamos recibir $7692 millones en desembolsos de multilaterales, China. El Gobierno ha iniciado un esfuerzo para reestructurar la deuda pública que podría derivar en un ahorro importante en el gasto de su servicio. Considerando que el Estado se financia en gran medida de impuestos, petróleo y créditos, realmente solo tendrá ingresos por alrededor de $19 000-20 000 millones.

¿Cómo vamos a repartir esos recursos escasos? Igual que las empresas y hogares del país: prescindir de los extras salvaguardando lo esencial. Las prioridades son salud, seguridad y un subsidio a los más vulnerables.

Conviene que el Estado elimine aquellos impuestos que más directamente aliviarían el bolsillo de los ecuatorianos como los impuestos sobre las importaciones, que incluye el impuesto a la salida de divisas (ISD). Es de tomar en cuenta que su recaudación de todos modos se desplomará por la caída esperada de las importaciones.

Para estimular la retención de empleados, Ecuador no puede pagar sueldos por las empresas o enviar cheques a las casas, más allá de los pagos del bono para los más vulnerables. Pero sí puede reducir los costos de emplear a alguien y bajar el impuesto corporativo del 25 % a 10 % –tasa que si la sumamos al reparto obligatorio del 15 % de utilidades nos aproxima al promedio de Sudamérica (25 % vs. 27 %)–.

Por supuesto que para bajar estos impuestos es necesario reducir el gasto, bajando los sueldos del sector público, excepto para los trabajadores de salud y seguridad. Con una reducción del gasto en sueldos (excluyendo salud y seguridad) de alrededor de $2000 millones más una reducción de inversiones públicas y compras públicas del mismo orden, el Estado ecuatoriano podría enviar una poderosa señal a sus acreedores y potenciales prestamistas de que tenemos un plan coherente de largo plazo para honrar nuestras obligaciones.

Pero todavía más importante, estaríamos tomando las medidas necesarias para estimular el crecimiento económico, el cual es el principal antídoto contra la pobreza. (O)