Hasta la presente fecha podemos visualizar con alguna claridad que la pandemia del COVID-19 tiene dos caras, una sanitaria y la otra fiscal. La sanitaria tiene la prioridad indiscutida, es indispensable que todos los recursos provenientes de los distintos sectores del país estén encaminados a la fase sanitaria, a preservar la vida de los ecuatorianos. La salud y la vida son sustanciales y sin estas definitivamente no hay nada posterior, rescatable. La cura a la fecha no existe, y los países que han soportado antes que nosotros esta afectación, lo que han recomendado es refugiarse en sus hogares. Esta paralización traerá un daño colateral obligado de carácter económico, que es indispensable no dejar de atenderlo. Resultaría inadmisible que esta falta de previsión nos conduzca al final del túnel a un resultado que nos obliga a admitir que los muertos como consecuencia de la paralización, por hambre, resulten una estadística mayor que los provocados por la parte sanitaria.

Como profesional del derecho tengo muy poco que aportar a la fase sanitaria; sin embargo, en la parte fiscal hay toda una tarea enorme que otros países la están recorriendo con velocidad inusitada, en función de que han vislumbrado que el daño colateral económico resulta arrasador. En la esfera tributaria se reconoce que el tributo tiene varios objetivos, resulta un proveedor sustancial de recursos económicos a las arcas del Estado, para que pueda cumplir con sus funciones públicas. El instrumento fiscal, tributo, es tan dúctil que, a su vez, puede cumplir otras funciones que la doctrina las ha denominado como extrafiscales. Dentro de esta esfera, se encuentran algunos objetivos o necesidades públicas que el Estado puede satisfacer mediante su adecuado uso. Entre estos, se encuentran el económico y el social.

Ahora, resulta muy fácil llegar a la conclusión que, como consecuencia del encierro sanitario y la paralización de las actividades económicas del país, se provocará una debacle económica. En este desorden, habrá unos segmentos más afectados que otros, el Estado en todas sus instancias tanto nacionales como seccionales y el sector privado deberían de llegar a un acuerdo, a efectos de poder proporcionar los medios mínimos para subsistir y poder cumplir correctamente el encierro ordenado por las autoridades sanitarias. Resulta inhumano que una autoridad ordene el encierro sanitario y que el segmento vulnerable no pueda disponer de la alimentación básica para subsistir durante este periodo. Las instituciones públicas están en la obligación de liderar esta gestión con optimización de resultados y, en ese propósito, sumar a todo privado que tenga la musculatura suficiente, para que colabore y contribuya.

Una de las grandes interrogantes que han surgido es qué ocurre con aquellos que se encuentran fuera del círculo de vulnerables, y de manera concreta quiero referirme al sector productivo. Este segmento ha recibido una cantidad enorme de epítetos y calificativos en la última década del correato y que podrían resumirse como aquellos que tienen una capacidad económica mayor. En el imaginario popular se acuñó la percepción de que es un músculo enorme, que tiene recursos económicos insaciables para aportar permanentemente al fisco y durante este periodo se martilló constantemente, imponiéndole en cada reforma tributaria una nueva carga. ¿Podríamos preguntarnos: ¿este es un músculo infatigable? ¿Podemos someterlo constantemente a una carga creciente sin que resulte afectado? ¿Tiene recursos hasta el infinito?

El COVID-19 produce una afectación distinta, es diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Muchos segmentos han tenido que sufrir una paralización absoluta, han sido totalmente desconectados. Otros siguen funcionando a medias. Este músculo infatigable resiste cuando se encuentra en funcionamiento, hoy en el mejor de los casos, contados sectores funcionan a medias. Esta es una afectación distinta. El daño que produce es profundo. Los que se encuentran totalmente paralizados van a necesitar de una mano fuerte que los ayude a rehabilitarse. El Estado debe emprender una labor de rescate financiero, tal como lo están haciendo en otros países. Estados Unidos y Alemania a la cabeza ya han logrado que sus respectivos legislativos aprueben disposiciones, para poder disponer de algunos billones de dólares para inyectarlos al sector productivo en la convicción plena de que este es el mejor canal para lograr la distribución más idónea de recursos económicos al tejido social económicamente activo. No solamente para provocar empleos directos o indirectos, sino además para lograr reactivar la economía secundaria, proveedores, suministradores de servicios y todo un complejo y enorme tejido de vertientes que requiere la economía de un país. Las arcas fiscales necesitan que estos permanentes proveedores de impuestos se mantengan funcionales y útiles, que vuelvan a nutrirlas.

Respecto de aquellos que se encuentran a media llave, con toda seguridad, la intensidad debe ser menor, sin embargo, el golpe asestado por esta pandemia debe dejarlos muy mal parados. No cabe descartar que el Estado extienda también su mano. Estos sectores han sostenido heroicamente la producción del país y han evitado el enraizamiento de la pandemia y sus efectos colaterales.

Todos los ecuatorianos, y de manera especial el Estado, deben enfrentar tanto la parte sanitaria como la parte fiscal. El Estado, haciendo uso de lo que en doctrina tributaria se conoce como espacio fiscal, que lamentablemente en Ecuador por la falta de previsión y disponibilidad de una cuenta de reserva es muy deficiente. Con ese propósito, salió la directora del FMI, Kristalina Georgieva, a efectos de señalar que existe disponibilidad de fondos específicos para atender los requerimientos más inmediatos; y, para aquellos casos en donde la urgencia resulte algo moderada y pueda esperar escasamente unos días más, que permita adoptar medidas que vayan dirigidas a provocar ahorro en la liquidez y el flujo de caja del sector productivo. Como siempre, esto ha significado en países pobres como el nuestro, de escasa liquidez, que el Estado efectúe sacrificios fiscales para conseguir propósitos superiores, que es lo que la circunstancia actual amerita. (O)