Hace unos días tuve la suerte de encontrarme con un video de 20 minutos que contenía una lúcida y emotiva alocución del doctor Raúl Clemente Huerta en el Congreso Nacional de 1981, con motivo de las elecciones para renovar la directiva del Poder Legislativo.

Me llamó profundamente la atención no solo la elegancia y profundidad del discurso del Viejo Gallo de Pelea, sino además, el respeto con el que se refirió a sus adversarios políticos a quienes cuestionó duramente sin siquiera atisbar la más mínima falta de respeto.

En las tomas del pleno pude reconocer a figuras de la política nacional como León Febres-Cordero, Rodrigo Borja, Jaime Hurtado, Raúl Baca Carbo, Julio César Trujillo, Heinz Moeller, Carlos Julio Arosemena, Assad Bucaram y muchos otros indispensables de nuestra historia política contemporánea.

Al final, me quedó una suerte de sinsabor al contrastarlo con la realidad actual, no solo del ente legislativo, sino en general, de la concepción del servicio público en nuestro país.

Porque si bien yo he dicho en esta columna en más de una ocasión que el esquema remunerativo de los más importantes cargos del Estado pareciere estar diseñado para que la gente más capacitada y experimentada descarte cualquier oportunidad de servicio público, y que estos rubros no han sido actualizados a la realidad del país, también debo agregar que el servicio público es un honor y una maravillosa posibilidad de servir a la patria, y de legar a nuestros hijos el prestigio de haberla servido en beneficio principalmente de los más necesitados.

Solo así se entiende que tanta gente valiosa haya entregado muchos años de servicio público, a pesar de las vicisitudes que implica tal actividad y de la incomprensión general que existe frente a las duras decisiones que en ocasiones corresponde adoptar a un servidor responsable que privilegia el deber por sobre la popularidad.

Es preciso aclarar que de ninguna manera sugiero siquiera que hoy no haya servidores públicos de calidad, ni funcionarios que asumen esta conscripción cívica a pesar de las renuncias económicas, personales y familiares que ello conlleva; pero sí, que son pocos y mucho menos que hace 30 años. De ello no me cabe duda.

¿Qué ocurrió?

¿En qué momento nos deterioramos tanto como sociedad?

¿Cuál es la clave para estimular a más profesionales capaces, experimentados y exitosos a retornar al servicio público?

Por tal motivo, me ha dado mucho gusto saber que un profesional serio, capaz y experimentado como Cristián Castelblanco haya aceptado el desafío de asumir la dirección jurídica del Municipio de Guayaquil; porque ello renueva la esperanza de que el servicio público vuelva a ser una opción, precisamente para aquellos que más necesita el país

Desde esta columna le deseo éxitos, seguro de que continuará las ejecutorias de Miguel Hernández y Guillermo Chang, ilustres juristas que entregaron su talento y esfuerzo para la defensa de los más altos intereses guayaquileños.(O)