La temperatura promedio mundial registró su segundo nivel más alto en la historia, apenas décimas de grado por debajo del récord establecido en 2016. El último quinquenio y la última década han sido, igualmente, los más calientes desde que se llevan registros.

El calentamiento global se debe al aumento de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, en particular el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano. El nivel de CO2 en la atmósfera ha aumentado de 350 partes por millón en 1990 a 411 en 2019.

El aumento de las emisiones de GEI se debe, principalmente, al uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, etcétera), y en menor medida a la deforestación, las actividades agropecuarias e industriales.

Ya hemos alcanzado un aumento de 1,1 grados Celsius con respecto a la temperatura promedio preindustrial, y en el Acuerdo de París los países del mundo se comprometieron a restringir el aumento de la temperatura a 1,5 grados, o máximo a 2 grados.

No obstante, de acuerdo con los compromisos asumidos por los países (a través de las “Contribuciones Nacionalmente Determinadas” o NDC, por su sigla en inglés), se proyecta un aumento de 3 grados C hasta el año 2100.

Ya con el aumento experimentado, comenzamos a sufrir efectos catastróficos:

-Masivos incendios en Australia, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y otros países.

-Elevación del nivel del mar (por el descongelamiento del hielo de los polos y de Groenlandia). Esto ya amenaza a varios países y regiones que se encuentran a pocos metros sobre el nivel del mar, como Kiribati, islas Maldivas, islas Marshall, Tuvalu, Vanuatu, Bangladés o los estados de Florida y Luisiana en Estados Unidos.

-Fluctuaciones en la lluvia, que causa sequías en algunas regiones e inundaciones en otras.

-Descongelamiento de glaciares y nevados.

-Intensificación de huracanes y ciclones tropicales.

-Incremento de epidemias de enfermedades tropicales (dengue, zika, malaria, etcétera).

-Expansión de especies invasoras y extinción de especies endémicas.

Si bien el Ecuador genera apenas el 0,11 % de las emisiones mundiales (menor a su participación en la población o el PIB global), en el Acuerdo de París todos los países expresaron su compromiso por reducir sus emisiones de GEI.

En la propuesta de plan climático del Ecuador (NDC), no hubo un compromiso de reducción absoluta de las emisiones, solo programas y políticas sectoriales, tal como el aumento de la generación de energía renovable o planes de reforestación (pese a lo cual el Ecuador es el país de América Latina que más deforesta, porcentualmente).

Antes de las últimas elecciones presidenciales publiqué, dentro de una iniciativa del Grupo FARO y Ecuador Decide, “Promover el Desarrollo Sostenible, Bajo en Emisiones y con Mayor Resiliencia al Cambio climático” (Grupo FARO, Quito, 2017).

En este documento proponía políticas públicas para enfrentar el problema, tales como:

-Ratificación del Acuerdo de París (el gobierno actual lo hizo).

-Reducción o eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles (logrado parcialmente en los gobiernos de Correa y Moreno).

-Promover la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y pequeñas hidroeléctricas (las grandes hidroeléctricas emiten gas metano de sus represas).

-Impulsar mayor eficiencia energética.

-Impulsar vehículos eléctricos y el transporte público masivo (metro, tranvías y buses eléctricos).

-Impulsar acciones de adaptación al cambio climático, incluyendo infraestructura más resiliente.

-Mejorar el manejo de residuos sólidos, incluyendo la captura del gas metano para generación eléctrica.

-Constitución de un fondo de inversión para enfrentar el cambio climático, que canalice recursos nacionales e internacionales (se ha constituido un pequeño fondo, para remplazar el Fondo Ambiental Nacional que Correa eliminó).

Existen fondos concesionales, e incluso no-reembolsables, disponibles para enfrentar el cambio climático. El Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco de Desarrollo de Alemania y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros, financian proyectos de mitigación y adaptación, y existen iniciativas para canalizar dichos recursos hacia gobiernos autónomos descentralizados y al sector privado. El Banco Pichincha emitió en 2019 el primer Bono Verde, con el apoyo de BID Invest, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Proparco (parte de AFD). (O)