El sistema democrático de los Estados Unidos prevé un sistema de control político para la máxima autoridad del poder ejecutivo: el proceso de impeachment. Está en manos del Poder Legislativo e implica que la Cámara de Representantes acusa al presidente y la Cámara de Senadores lo juzga. Actualmente, Donald Trump enfrenta un proceso de impeachment, siendo el tercero en la historia de este país.

Todo el proceso se inicia, oficialmente, el 31 de octubre de 2019, cuando la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó iniciar audiencias públicas en contra de Donald Trump, por relaciones irregulares con otros gobiernos, particularmente de Rusia y Ucrania. De estas audiencias aparecerían indicios que vinculan a Trump y su equipo con el Gobierno ucraniano, con el fin de encontrar ventajas para su reelección en 2020.

La seriedad de este proceso permitió que en menos de dos meses, el 18 de diciembre del presente año, el presidente Trump sea formalmente acusado por la Cámara de Representantes por dos cargos: abuso de poder y obstrucción al Congreso. El primer cargo se refiere a la supuesta presión al presidente de Ucrania, Volodímir Zlenski, para que abra una investigación en contra de Hunter Biden, hijo de Joe Biden y principal candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos en 2020. Trump habría pedido a Ucrania que se investiguen las empresas del hijo de Biden a cambio de otorgar apoyo económico para su gobierno. El segundo cargo versa sobre la supuesta orden de Trump de prohibir al personal de la Casa Blanca testificar ante el Congreso sobre la investigación relacionada con el escándalo de Ucrania.

Las pruebas principales dentro del proceso son el congelamiento de un paquete de 391 millones de dólares de ayuda para Ucrania, y supuestas conversaciones entre la administración Trump y el Gobierno ucraniano buscando favores. Sobre la obstrucción de labores del Congreso, los representantes demócratas usan como prueba la negativa de funcionarios del Gobierno a testificar, argumentando que el proceso es infundado e injusto.

De encontrar estas pruebas como fehacientes a través de las investigaciones para demostrar la existencia de los cargos y la culpabilidad del presidente, el Senado deberá aprobar su destitución con una mayoría de las dos terceras partes; escenario improbable dado que los republicanos manejan la mayoría de votos en la cámara alta. De hecho, de los 100 legisladores existentes en esta cámara, 53 son republicanos; lo que hace virtualmente imposible para los demócratas alcanzar la mayoría de 67 votos requeridos.

Al momento, el proceso en el Senado se encuentra detenido por falta de acuerdo sobre el cronograma de investigaciones y divergencias relacionadas con la conducción de la acusación.

Nuestro país necesita de procesos oportunos y rápidos para combatir a malos funcionarios públicos que abusan del poder y cometen delitos. Aprendamos de los aciertos y errores de los juicios políticos en otros países para mejorar los nuestros. Los ecuatorianos queremos un 2020 con independencia de poderes, honestidad y justicia.

(O)