Han transcurrido tres años desde diciembre del 2016, cuando Odebrecht aceptó haber repartido más de $700 millones en sobornos en América Latina, incluido Ecuador. Luego, muchos países afectados abrieron investigaciones e iniciaron procesos penales, que en ciertos casos tuvieron efectivos resultados judiciales; con consecuencias dramáticas en lo político (renuncia de un presidente y suicidio de un expresidente); desprestigio de empresarios o se lograron compensaciones dinerarias, tal como ocurrió en el Perú, Colombia y Panamá; pero en otros países como el nuestro, las investigaciones se empantanaron o nunca se instruyeron apropiadamente.

Para analizar las dispares secuelas de los procesamientos de corrupción en las Américas de casos como el comentado, se juntaron varios expertos en anticorrupción y transparencia del Perú, Guatemala, Brasil y Estados Unidos, invitados por la organización Diálogo Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las principales preguntas abordadas fueron: ¿Por qué algunos enjuiciamientos por corrupción en América Latina lograron resultados innovadores, mientras que otros están menos avanzados? ¿Son los resultados dispares impulsados por la independencia judicial, la disponibilidad de medios legales y procesales, la estrategia de enjuiciamiento, la cooperación entre países u otros factores?

Tales cuestionamientos no parecen extraños a los ecuatorianos que hemos convivido con la insatisfacción, desde que el presidente Moreno ofreciera una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad; y que en su momento la entendimos convenientemente integrada, preparada e independiente, con recursos económicos suficientes provistos y organizada por las Naciones Unidas; debidamente blindada del propio Ejecutivo y de la influencia política afín y de la oposición. Esto, porque no esperábamos en su lugar la comisión de cinco especialistas, que se dio el Ejecutivo a sí mismo para aconsejarse y luego de pocos meses abandonarla. Es que si solo consejo deseaba, hubieran sido suficientes las soluciones de los expertos en anticorrupción y transparencia antes indicados, que Roberto de Michele (funcionario del BID) resumió así:

1. Para lograr investigaciones exitosas hay que descubrir el secreto entre las partes del pacto de corrupción, y ello se logró con mecanismos legales como la delación premiada (colaboración eficaz) y la protección del denunciante. También ayuda asignarles responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas.

2. Es sumamente importante la cooperación de las fuerzas del orden de una misma jurisdicción y las del extranjero. En las investigaciones de delitos transnacionales se precisan equipos de trabajo de distintas agencias (especialmente de agencias fiscales, supervisores financieros, unidades de inteligencia, con expertos de otras disciplinas relacionadas). En los sobornos operados internacionalmente se utilizan complejas estructuras corporativas y financieras en distintas jurisdicciones. Por ello, es imprescindible que otros Estados ayuden a rastrear los pagos ilícitos.

3. Para entablar una acusación por delito de soborno son determinantes los investigadores capacitados en estructuras financieras enmarañadas y en flujos ilícitos. Con destrezas especiales para detectarlas, acusarlas en el ámbito penal y probar los hechos.

4. La mejor investigación, sin un sistema judicial completamente independiente, tendrá poca probabilidad de concluir en una sentencia idónea y sin tufo a impunidad. La independencia judicial fue el ingrediente principal de las exitosas investigaciones de corrupción en Brasil.

Identifique por qué no hemos logrado resultados… veamos en el 2020. Que sea un feliz año para usted. (O)