Son frecuentes las expresiones de líderes gubernamentales cuando reiteran veleidosamente sus posturas de “mirar hacia el campo”, queriendo significar con ello que le van a dar importancia extrema al desarrollo agrario, aceptando que es la fuente de solución a los problemas económicos y sociales que aquejan al país. En los diálogos que sucedieron a los dolorosos acontecimientos de octubre por la paralización del país, no escasearon promesas de dar atención preferente al agro, eliminando cargas impositivas y creando estímulos que hagan más productivos y rentables los cultivos y ganaderías.
Pero cuando hay que demostrar con hechos concretos, encontramos que tales ofrecimientos fueron en vanos, como lo demuestra la proforma presupuestaria para el año 2020, en que los recursos para las entidades encargadas de impulsar lo agrario se han reducido, como ha acontecido con el Ministerio de Agricultura que solo podrá disponer de 116,35 millones de dólares, que representa 11 % menos que lo establecido para el 2019. Igual sucede con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Iniap, al que se le reduce su asignación quedando en 17,2 millones, que lo deja imposibilitado de su reactivación, acelerando su exterminio.
Otra dependencia agrícola de enorme valía es Agrocalidad, agencia responsable de velar y controlar el estado sanitario de los sembríos y la calidad de sus productos, también ha sufrido una lamentable merma, sin que se haya previsto valores para enfrentar las costosas medidas preventivas para enfermedades catastróficas como la Fusariosis, raza tropical 4, en banano, aspecto que tampoco asoma en el esquema financiero del Iniap como para solventar la investigación hacia la obtención o validación de tipos resistentes o tolerantes a tan desastroso mal.
Se asevera que el 65 % de la inversión presupuestaria equivalente a $2340 millones está dirigida con buen criterio a lo social, pero se ignora que la agricultura es la actividad más eficiente y de rápidas respuestas para revertir los niveles de pobreza, mitigar el hambre y crear empleos, premisas que llevaron al director general de IICA, Manuel Otero, a afirmar en su discurso de inauguración de la Conferencia de Ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe 2019, que la mejor política social y económica es la agricultura, tanto que donde exista tirantez, ella emerge como indiscutible solución económica, afirmando luego: “Nos esforzamos para que esta actividad sea prioritaria en las agendas políticas de nuestro hemisferio”.
Hay que seguir insistiendo que la superación de los problemas más graves de las sociedades, como los eventos climáticos extremos, las deficiencias energéticas, la inseguridad en la provisión de alimentos, la preservación de los recursos naturales y biodiversidad, así como el freno de las migraciones masivas, radica en la agricultura, palabras que recogen casi literalmente los acertados dichos del principal del IICA, debiendo agregar de nuestro lado que Ecuador posee todo, en términos de suelo, clima, agua, vocación campesina de su pueblo, para impulsar la gran transformación nacional, que se posterga una vez más con el cicatero presupuesto para el sector agrario presentado a examen de la Asamblea. (O)