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No a la impunidad

Se acabó el mito de Ecuador isla de paz. Un sector de la sociedad liderado por los indígenas –y secundado por los correístas– reveló una contenida violencia que estuvo cerca de arrastrarnos al abismo.

El combustible derramado, que yacía en el piso desde hace rato, se inflamó al caer el fósforo del Decreto 883 que tuvo que ser derogado para apagar el fuego.

Sería ingenuo pensar que la Conaie y gremios afines organizaron la movilización en cuestión de días. Ya la tenían lista para hacer en el momento oportuno una potente irrupción en la escena nacional en un año preelectoral y al cabo de una década de virtual postración.

La inteligencia que le faltó al Gobierno la tuvo oportunamente el correísmo y sus aliados del Foro de Sao Paulo (Venezuela y Cuba) para trazar sus propios planes de desestabilización política, enancándose en una dirigencia indígena con la que mantiene afinidades discursivas.

Y así, obscuros intereses convergieron para desatar la tormenta perfecta. La arenga de rebelión de Patiño en 2018, que significó su enjuiciamiento y exilio, recobró actualidad con visos de profecía.

La marejada india fue convergiendo del centro y norte interandino a la capital, movilizada por convicción o coacción (en sus comunidades se cobra multa y se corta el suministro de agua potable a quienes no lo hacen), a la que se fueron sumando espontáneos, dígase jóvenes del estrato popular frustrados por la exclusión social que supone el desempleo.

A la turbamulta se fueron añadiendo encapuchados con entrenamiento paramilitar de los Comités de Defensa de la Revolución que confrontaron a la fuerza pública, así como migrantes venezolanos, que desprovistos de medios de subsistencia, se prestaron a una paga para fungir de mercenarios calentando las calles de Quito y otras localidades del país.

Un factor que impulsó la movilización fue la participación de varios prefectos y alcaldes de la Sierra que activaron el bloqueo de carreteras con personal y maquinaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, una disposición arbitraria de bienes públicos que tendrá que ser investigada y sancionada por la Contraloría.

Una actuación reprochable si se considera que sometieron a sus propios mandantes a penosas privaciones producto del desabastecimiento de víveres, medicinas, combustibles y hasta agua potable. A la vez, facilitaron medios logísticos de transporte y avituallamiento para el sostén de la protesta.

Movilizaciones menos violentas tumbaron a los gobiernos de Bucaram, Mahuad y Lucio. Lenín se salvó porque mantuvo el apoyo de militares y policías, a la vez de importantes sectores políticos y de opinión pública, que repudiaron la intentona golpista de la siniestra alianza del liderazgo indígena con sus cómplices del correísmo.

También porque tuvo el acierto de trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil, con lo cual el simbolismo de la toma del Palacio de Carondelet perdió sentido.

Con la espada de Damocles pendiendo, la dirigencia indígena que abusó del discurso desestabilizador negocia el nuevo decreto de subsidio a los combustibles, con el susto de ir con sus ponchos a la cárcel.

Aquí no caben victimizaciones ni falsas apelaciones a la protección de derechos humanos. Y más allá de las fantasías de un Estado plurinacional con una guardia indígena, a manera de ejército propio, solo cabe invocar el respeto a la Constitución y las leyes del Estado ecuatoriano, que establecen claras responsabilidades ante transgresiones en las que se sigue incurriendo en tono desafiante.

La paz recuperada es bienvenida, pero no a costa de la impunidad. (O)

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