La sustitución de la actual Asamblea unicameral por un organismo conformado por dos cámaras es una de las reformas que están sobre la mesa a propósito de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la versión más simplista, como la de algunos asambleístas que la expresan muy sueltos de huesos, esto solamente aumentaría el número de legisladores, incrementaría el presupuesto y complicaría la administración del órgano legislativo. Pero la realidad es mucho más compleja y por ello debería llevar a un análisis detenido en múltiples niveles. Más allá de los arreglos arquitectónicos, que sin duda serán necesarios, se requerirá una profunda ingeniería institucional.

En efecto, lo primero que se debe tomar en cuenta es que la existencia de dos cámaras no es un cambio cosmético de la estructura del Legislativo. Es la instauración de un organismo que difiere del actual en asuntos de fondo, como la manera en que debe asumir y procesar sus funciones y atribuciones. No se trata simplemente de distribuir las tareas actuales en los dos niveles, sino de redefinir esas actividades. A manera de ejemplo, en el proceso de formación de la ley no solamente se añade una instancia (con sus respectivas comisiones o mesas), sino que el debate debe realizarse en dos espacios que tienen atribuciones diferentes. La definición de esas atribuciones es un tema enmarañado, que no puede ser solventado con un diseño y una norma hechos al apuro. De paso, hay que considerar que con la bicameralidad se extienden los plazos para la aprobación de las leyes y demanda acuerdos diferenciados. Consecuentemente, tiende a descender la eficacia –si se la mide por el número de leyes aprobadas–, pero se gana en la profundidad del debate y en la calidad del producto final.

Un tema aún más complejo es la definición de las atribuciones de cada una de las cámaras en su función de control, fiscalización y participación en la selección de autoridades. La búsqueda del contrapeso ideal entre ambas es uno de los puntos centrales. Es una condición ineludible no solo para el correcto desempeño del Legislativo, sino para el funcionamiento adecuado del sistema de controles y balances que debe existir con los otros poderes del Estado. Una mala comprensión del contrapeso entre ambas cámaras, que generalmente proviene de la tendencia a convertir al Senado en un espacio de notables o viejos sabios, puede transformarle en un muerto viviente (como sucede en el caso español).

Esos y otros aspectos de fondo están directamente relacionados con el origen de los integrantes de cada cámara. Si los unos provienen de circunscripciones provinciales, los otros deberían surgir de la elección en circunscripción nacional. Además de los resultados positivos en la legislación y en la fiscalización, esto contribuiría a reducir los efectos negativos de la provincialización y la cantonalización de la política. En fin, el cambio propuesto demanda un trabajo integral, que sustituya a la actual Asamblea por un organismo sustancialmente diferente. Sería un error pensarlo como la vieja relojería, que se limitaba a cambiar engranajes.

(O)