El objetivo esencial del desarrollo es favorecer el bienestar de los ciudadanos. Se considera por supuesto esa etapa de la vida en la que todos, independientemente de su posición patrimonial, nivel de acumulación o riqueza, sienten disminuir sus capacidades para enfrentar con dignidad el día a día. Así, muy simplemente. De partida.

Los mecanismos de la seguridad social, según la OIT, procuran sobre todo favorecer el acceso de los trabajadores a servicios de salud y seguridad de ingresos. Aspiran a ofrecer recursos mínimos para los necesitados e ingresos de sustitución para quienes han cotizado al sistema a lo largo de su vida.

Por su parte, la protección general atañe al Estado, pues no todos los ciudadanos son contribuyentes activos de la seguridad social. El sector público tiene por ello obligaciones de diverso orden con distintos segmentos poblacionales y le corresponde un papel clave en el amparo de quienes necesitan acceder a los cuidados esenciales.

La propia OIT, que actualmente asesora al IESS, señalaba desde hace tiempo que en particular en los países de ingresos bajos el ajuste estructural y las transformaciones socioeconómicas han dado origen a sectores que no pueden aportar a tales regímenes. En consecuencia, el Estado –y la sociedad– ha de ocuparse de su cuidado. ¿O esto es injusto? Evidentemente, no. Salvo para quienes suscriben enfoques extremos o defienden intereses muy particulares.

La seguridad social –una vez más, para la propia OIT– tiene una serie de efectos económicos muy positivos. Contribuye a la capacitación laboral, a la generación de ingresos y a aumentar el potencial productivo de las personas. Favorece la demanda efectiva en el ámbito nacional y ayuda a crear condiciones en las que prosperan las economías de mercado, alentando a los trabajadores a aceptar innovaciones y cambios.

Claro, los problemas no han estado ausentes de una gestión que finalmente se ocuparía de preservar la salud de sus contribuyentes y de otorgarles pensiones de vejez y beneficios adicionales, estos últimos aún en discusión. En general, han sido los de orden financiero –simplificando– los más graves, sumados a los de la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de cuidado de la salud, sobre todo cuando estos se ofrecen de manera directa.

Esto ha exigido cuidar los recursos propios del sistema y su rentabilidad. En varios países se ha evolucionado hacia la complementariedad de los inviables sistemas de reparto, como el vigente en Ecuador, con los de capitalización individual, bajo un marco de regulación y vigilancia prudencial apropiada. Hay estrategias para evaluar el ajuste de la edad del retiro, de las aportaciones, de los beneficios a ser priorizados y mecanismos conexos.

Así, la seguridad social en los países desarrollados, por ejemplo, se ha modificado progresivamente. Los países nórdicos, en particular, aplican sistemas que garantizan el bienestar de sus cotizantes con base en una disciplina en la que las hipérboles no caben, sino las realizaciones efectivas. No es el caso de Ecuador, desafortunadamente.

Esa disciplina suele, por otro lado, ser producto de la iniciativa de especialistas, concertada con objetivos nacionales claramente definidos. No cualquiera asume la dirección de la seguridad social. Los cuadros directivos son escogidos considerando su nivel de formación en materia tan especializada. ¿Irrelevante? Estimamos que no. Al contrario, necesario.

Hay, pues, se supone, cierto nivel de garantía para la administración correcta del sistema, lo que se revela en la generación de propuestas y recomendación de acciones pertinentes. Financieras y operativas.

Un proceso de tal naturaleza no recogerá, con seguridad, criterios corporativos insostenibles y opuestos radicalmente –el caso de Ecuador– ni será el resultado de “diálogos provinciales” que poco o nada han de contribuir, sobre todo cuando, como en el país, se conocen ya –y muy bien– las causas de la crisis IESS/Biess, que cada día profundiza sus dificultades financieras, sin perspectivas de solución, y por ende la prestación de los servicios correspondientes (los afiliados soportan ya, por ejemplo, la carencia de varios medicamentos, lo que tiene proyecciones al extremo negativas).

¿Cuál es, en perspectiva, el origen de la grave crisis del IESS/Biess? Rápidamente, algunas evidencias: i) impunidad ante la corrupción, desde hace ya largo tiempo; ii) dirección confiada a cuadros poco formados en la materia; iii) deficiente gestión financiera del banco de la seguridad social; iv) ausencia de iniciativas sobre inversiones y otros productos rentables en el país y el mercado internacional y ninguna rendición de cuentas; v) intervencionismo estatal, con fines distintos, en entidad propiedad de los trabajadores; vi) clientelismo político en la conformación del aparato administrativo; vii) alta deuda estatal (según expertos de la Mesa de Seguridad Social, MESS, la deuda bordearía los 20.000 MM de dólares); viii) no disponibilidad oportuna de estudios actuariales; ix) ausencia de propuestas integrales de cambio; x) indiferencia de los gremios de trabajadores para iniciar un examen responsable de opciones alternativas; xi) abandono de controles de organismos responsables sobre la gestión del IESS/Biess; xii) provisión de servicios a no cotizantes –obligación estatal–, en medio de problemas crecientes en el mercado del trabajo y envejecimiento de la población; xiii) descoordinación entre metas y objetivos macroeconómicos y los de la seguridad social (el sistema –que el Acuerdo con el FMI no analiza– no podrá ser la excepción en el marco de una ralentización general de la economía); xiv) inconveniente sistema de compras y abastecimiento para el sistema, entre varios otros.

Escenario muy complejo. Su corrección no admite ya postergación alguna. Debe ser definida con urgencia, también en este caso, una estrategia para promover consensos generales basados en soportes técnicos sostenibles, más allá –claro– de intereses de grupo u otros de orden político. La crisis del IESS es más grave que las dificultades fiscales de la coyuntura. ¿Hay conciencia de ello? (O)