Realmente los hechos de corrupción que día a día salen a la luz pública avergüenzan a nuestra sociedad y más aún observar a instituciones como la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, etcétera; malgastan miserablemente su tiempo en comisiones, audiencias y reuniones dizque para que informe o absuelva preguntas cierta persona, con la agravante además de proclamarse sacerdote de una iglesia y su doctrina respetable en el mundo entero, y que merece ella indudablemente nuestro respeto.
Basta de soportar imagen, actitudes histriónicas y obrar nauseabundo.
Basta que las instituciones y autoridades ecuatorianas sean manipuladas. Las falsedades documentales son evidentes, el perjuro está sellado con su firma. Esto no puede continuar.
La Fiscalía General, de oficio y de inmediato, debe iniciar el correspondiente procedimiento penal para que un juez probo imponga ejemplar sentencia.
Pero algo que se debía hacer, y el pueblo ecuatoriano está absorto y no lo entiende, es ¿por qué hasta este momento la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, como máxima autoridad eclesial, no se pronuncia? Los desplantes de esa persona y la pérdida de tiempo de instituciones y autoridades respecto a este caso de miseria humana son una ofensa a la inteligencia del pueblo ecuatoriano.(O)
Luis Santillán Morante,
abogado, avenida Samborondón
