Nuestro invitado
El Consejo Nacional Electoral ha dicho que diez organizaciones políticas nacionales están con tarjeta amarilla y dos adicionales podrían ser canceladas del Registro Permanente de Organizaciones Políticas, por encontrarse en la causal de extinción, conforme lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia.
El Código señala que serán abolidas las organizaciones políticas que no obtuvieran el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional, o al menos 3 representantes en la Asamblea Nacional; el 8% de las alcaldías, o por lo menos un concejal en cada uno, de al menos el 10% de los cantones del país. En el caso de los movimientos locales, estos se extinguen si en dos elecciones pluripersonales consecutivas no alcanzan al menos el 3% de los votos en su jurisdicción.
Ecuador cuenta nada más ni nada menos con 23 organizaciones políticas nacionales (8 partidos y 15 movimientos) y 256 organizaciones provinciales, cantonales y parroquiales. Exhibimos el afligido privilegio de tener un sistema político fraccionado al extremo.
Una maltratada y desmantelada democracia con 279 organizaciones políticas no está en condiciones de tener un sistema de partidos sólido, estable y con raíces en la estructura social. En términos de la sociología y del derecho electoral, existe un anárquico multipartidismo atomizado que desalienta. En la realidad, se trata de una aglomeración de medianos y pequeños caudillos que operan a través de un complejo tejido de redes clientelares. Pero no todo ha sido orfandad, hay honrosas excepciones de partidos que se estructuraron con identidad ideológica y relevo de liderazgos. El resto constituye un enjambre de endebles agrupaciones, con desordenados caudillos sin visión filosófica o doctrinaria, que actúan en los procesos electorales y luego se evaporan.
Partidos como manifestación de un pluralismo político o ideológico, que reclutan líderes, con escuelas de formación que capacitan a su militancia, mantienen una actividad permanente, estudian los problemas nacionales y están presentes en el debate público, interpretan los intereses y demandas sociales, formulan propuestas programáticas y diseñan políticas públicas, procesan la participación y deliberan, administran sus recursos con transparencia, canalizan la representación y concurren a la formación de la voluntad política de los órganos representativos, sencillamente casi no existen en nuestro país.
Es la estructura social heterogénea, una lógica clientelar y la visión patrimonialista de la política lo que explica la espantosa proliferación de organizaciones. Más cuando el sistema permite trampas y beneficios. Solicitar firmas de auspicio ha sido una farsa. No es posible que un país con una bajísima identidad con los partidos aparezca como uno de los más politizados del mundo, con más del cincuenta por ciento de los electores como afiliados o adherentes. Otorgar financiación estatal sin exigir un mínimo de adhesión electoral solo es obsequiar unas semanas de publicidad gratuita a ciudadanos que buscan algún reconocimiento público.
Así no funciona una democracia. Sin embargo, no hay democracia sin partidos. Los partidos como instituciones nacieron con la democracia. Es más, “Los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres”, lo dijo Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Entonces, la única opción es fortalecerlos, si no queremos seguir como estamos. Es urgente introducir una seria reforma que regenere el sistema electoral y a los partidos. Caso contrario, la fatiga, el desaliento y el rechazo de los ciudadanos hacia la política nos podría arrastrar al precipicio populista. (O)
