“Es la amnesia la que hace que la historia se repita y que se repita como pesadilla”: Eduardo Galeano. Iluminados por esa luz, más de treinta países, después de dictaduras, regímenes autoritarios y conflictos armados internos, desde hace medio siglo han constituido comisiones de la Verdad, que son independientes a pesar de estar conformadas por las autoridades, como se revela en cada caso, incluyendo el ecuatoriano. Levantando piedras, investigan violaciones graves a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario y entregan sus resultados a la Justicia, a fin de que haga lo suyo. Y para que no se repitan los crímenes.

Que no llame a sorpresa tal mandato de la conciencia. Los judíos, más de 75 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, siguen buscando a los criminales de guerra nazis, que los mataron por millones y los bosnios a los serbios que asesinaron a miles de ellos en 1995, en la guerra de Yugoslavia.

El 2007, el expresidente Correa instituyó la Comisión de la Verdad para esclarecer e impedir la impunidad de los responsables de las privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que ocurrieron desde 1984, debiendo extender su examen hasta el 2008. Otro tipo de violaciones, como las cometidas contra los presos por delitos comunes, se excluyeron. Debía reconocer a las víctimas para reparar el daño infligido. Ellas habían demandado su creación.

La Comisión estuvo integrada por la hermana Elsie Monge, monseñor Luis Luna, el Dr. Julio César Trujillo y el señor Pedro Restrepo. Todos ellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos hasta entonces y posteriormente críticos del presidente Correa. Tuvo el soporte de personas como el Dr. Ramiro Ávila, juez de la actual Corte Constitucional.

Se les facilitó el presupuesto necesario, acceso a instituciones militares y policiales y obtener información confidencial, desclasificándose 300.000 documentos. Viajaron a 17 provincias para recibir más de 650 testimonios, incluyendo el de los implicados en los atropellos. Trabajaron casi tres años y encontraron 831 violaciones a los derechos humanos, que se repitieron en 118 casos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos registraron muchos más casos, pero no todos llegaron a la Comisión, que en aquellos que solo contaban con documentos y no con testimonios, no los consideraron. Contrastaron la información con otras fuentes, para asegurar la verdad.

Su labor fue cuestionada por los responsables de los desafueros, como el general Édgar Vaca Vinueza, quien, junto con otros nueve oficiales de la Policía Nacional publicaron un libro de respuesta que justificó sus crímenes, ninguno aceptable, porque al terrorismo –el real, no el inventado por el Estado represor, que mete en la vasija a protestantes y opositores políticos y sindicales– se lo combate desde el Estado de derecho, no con terrorismo, que es más vituperable cuando lo ejerce el Estado, cuyo alto fin es la defensa de los derechos humanos, como proclama nuestra Constitución.

El general Vinueza, en el gobierno del ingeniero Febres- Cordero, dirigió el siniestro SIC-10, fue instructor de tortura, estuvo involucrado en diez casos de violaciones de derechos humanos, torturó y vio torturar sin impedirlo en su condición de jefe, según testigos. Después de ese régimen siguió en la institución y fue nombrado su comandante por el expresidente Gutiérrez. Fugó a los Estados Unidos de América, donde permaneció tres años hasta que murió, sin ser extraditado al Ecuador para que responda por sus crímenes.

En otros países también las comisiones de la Verdad han tenido esos detractores, con campañas mediáticas como en Perú, o por el gobierno y las Fuerzas Armadas, en El Salvador, por incluir a la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión registró en el gobierno de Febres-Cordero el 68% de las 831 violaciones a los derechos humanos, con siete de cada diez víctimas. Señalan su intervención en tres casos, con 108 víctimas, de sus gobernadores como el del Guayas, entre otros. Ahí está la tortura y asesinato de la profesora Consuelo Benavides, habiendo establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado. Ahí está la tortura inmisericorde a los comandos de Taura. Ahí está la golpiza al diputado Diego Delgado cinco días antes de la interpelación al ministro de Gobierno. Ahí está el encubrimiento del secuestro y muerte de los hermanos Restrepo, calificada esta como secreto de Estado por el exministro de Gobierno de dicho mandatario. En los otros períodos también las consignó, incluyendo las acaecidas en el régimen de Correa.

La Comisión aclara: “Las actuaciones de particulares en contra de quienes conforman la fuerza pública, según la doctrina de derechos humanos, no son consideradas jurídicamente como violaciones de derechos humanos, sino como delitos cometidos contra las personas”.

La Fiscalía General del Estado debe informar a la ciudadanía el estado de la judicialización de los 118 casos. En noviembre de 2015 el alto mando militar, uniformado, asistió a la fallida audiencia de juzgamiento de los responsables de detención ilegal, tortura y violencia sexual, en un caso calificado de lesa humanidad –que es imprescriptible, como otros que registra la Comisión– por la justicia y aplaudió a los acusados. ¿Qué queda después de ello? (O)