Por: Gilda Macías Carmignani *
Hace pocos días, en la Universidad Casa Grande, se desarrolló un conversatorio con algunos de los autores de cuatro libros sobre el combate a la corrupción. Instituciones transparentes, La difícil transición desde un gobierno autoritario, Las consultas populares en la democracia ecuatoriana y Corrupción e impunidad en la década perdida fueron publicados entre diciembre 2018 y mayo 2019, con el auspicio de la Plataforma de Defensa de la Democracia y Derechos Humanos en el Ecuador. Los capítulos de los libros han sido escritos por académicos en el campo del derecho, la sociología y la gestión política; entre ellos Luis Verdesoto y Gloria Ardaya. Comentarios relevantes a su contenido fueron hechos por León Roldós, Francisco Huerta, Hernán Pérez y Daniela Orrantia.
Comparto algunas ideas, reflexiones y propuestas que se derivan de su lectura:
1. El aparato institucional de la democracia ha sido incapaz de estimular respuesta a tres grandes asuntos: la corrupción, la gobernabilidad y la inserción externa.
2. La corrupción es sistémica: se da entre todos los niveles de gobierno y en las relaciones intergubernamentales internas e interestatales.
3. La función pública se ha vuelto fuente de enriquecimiento ilícito, pero la corrupción también existe en el sector privado, a través de su complicidad con el sector público.
4. En Ecuador, se han detectado cuatro modalidades de localización de la corrupción: Estado-Estado, Estado Nacional-niveles desconcentrados; Estado Nacional-niveles descentralizados; y niveles subnacionales.
El estudio Percepciones ciudadanas sobre la corrupción, presentado en uno de los textos referidos, concluye que existe una diferencia entre Guayaquil, Quito y Cuenca sobre cuál es el problema más grave que atraviesa el país. Para los guayaquileños, lo más significativo es la economía en crisis (33%), seguida del desempleo (23%) y la corrupción (12,8%). Temas como el consumo de drogas, la delincuencia, el mal gobierno y la inseguridad tienen porcentajes menores. En Quito, en cambio, la corrupción es señalada como el principal problema (30%), luego el desempleo (28,8%) y la economía (13,8%). En Cuenca, lo más significativo es la economía (32%), a la que siguen la corrupción (31,8%) y el desempleo (19,5%).
Una interpretación sobre las cifras en Guayaquil es otorgada por los informantes entrevistados para el estudio. Estos opinan que la gestión de la Municipalidad de Guayaquil es transparente, eficiente y de enorme civismo; que su administración ha sido sometida a innumerables auditorías nacionales sin que a la fecha existan glosas o juicios significativos; y que goza de una amplia institucionalidad debido a la permanencia de políticas públicas por más de 25 años.
Queda claro en los cuatro libros que un gran desafío para la sociedad civil, actor clave en la lucha contra la corrupción, es insertarse con bríos en la agenda pública y demandar al Estado agilidad en la detección de los casos de corrupción y la aplicación de leyes, sanciones y reparaciones correspondientes.
Robustecer la calidad de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía; fortalecer la autonomía e independencia de la función judicial; mantener la transparencia en los procesos de selección de servidores públicos; impulsar investigaciones académicas sobre la corrupción; fortalecer la implementación de políticas y planes en materia de gobierno abierto y transparencia fiscal; establecer mecanismos para combatir la impunidad y ausencia de ética pública; consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior; definir medidas con gobiernos extranjeros para impedir que los corruptos adquieran bienes a nombre de terceros; promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos estatales y de asociaciones público-privadas; establecer registros con personas naturales o jurídicas vinculadas a lavado de activos; garantizar subastas competitivas de las compras públicas; realizar licitaciones obligatorias para gastos públicos adicionales; producir reformas institucionales en el sistema electoral son, entre otras, algunas de las propuestas.
Si la corrupción crea condiciones para la ineficacia de la política pública, estimula la gobernanza ineficaz, limita la inversión, desvía el gasto social, atenta contra la cohesión social, y supone la ausencia de ética en la gestión pública y política, es menester que cada uno de nosotros nos impliquemos mediante acciones contundentes frente a actos de corrupción y quienes los cometen. Observamos estupefactos, en nuestro remedo de democracia, que estos actos, antes esporádicos, han mutado en una estructura corrupta perversa, que coloniza la cultura y afecta nuestra identidad y el patrimonio colectivo. ¿Dónde hallamos a los guardianes simbólicos de la decencia? (O)
* Magíster en Educación Superior.
