En este Diario, el 16 de junio de 2019, páginas 8 y 9, al hacerse un análisis de la situación de la educación superior en Ecuador, con ocasión de recordarse los 50 años de haberse establecido el libre ingreso, se hacen afirmaciones que no responden a la verdad histórica de los hechos, como a continuación preciso algunos de estos:

1.- No es verdad que la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas de mayo de 1982 “vulnera la autonomía universitaria cuando permite que los predios universitarios puedan ser allanados por simple decisión de un comisario de policía”. El hecho real es exactamente lo contrario, se establece que los predios universitarios solo pueden ser allanados de la misma forma que la morada de una persona, y para el ingreso de la fuerza pública se requiere autorización del rector de la universidad o politécnica. 2.- La indicada ley representó un extraordinario avance en la consolidación del espacio que dentro de un régimen democrático corresponde a la academia, al crearse un organismo nacional de dirección independiente del poder político, el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Conuep), conformado por los rectores de las universidades y politécnicas y los representantes nacionales de sus estamentos docentes, estudiantiles y administrativo. En representación del Gobierno para efectos de coordinación con políticas del Estado, lo integraban el ministro de Educación y el presidente del organismo de planificación. 3.- En esta misma ley se deja establecido que cada universidad y escuela politécnica reglamentará el ingreso y nivelación de los estudiantes, lo cual es lo correcto. El Conuep logra, mediante ley de mayo de 1996, que se cree el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), dotando a los centros de educación superior de autonomía financiera, logro histórico que se consolida en la Constitución de 1998 en la que también se consagra la autonomía del Conuep como organismo autónomo de planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior, se incorporan al sistema de institutos técnicos y tecnológicos, se amplía la cobertura nacional con la creación de universidades y politécnicas regionales y particulares autofinanciadas, se refuerza la autonomía con la creación de un organismo independiente de evaluación y acreditación de las entidades de educación superior, evitando que sean presionadas o intervenidas en sus actividades por intereses políticos de turno, como sucedió con el gobierno del Econ. Correa, en que se utiliza el organismo de evaluación y acreditación como ente de control e intereses políticos partidistas. 4.- El Conuep fue afectado en su conformación en ley del año 2000, al ser sustituido por un organismo supraadministrativo, el Consejo de Educación Superior, que reduce la participación de las universidades y politécnicas a 4 rectores, incorpora a otros representantes ajenos a estas entidades y pasa a ser presidido por un exrector. Esa ley fue impugnada ante el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales que dio la razón al Conuep en su defensa de la autonomía de universidades y escuelas politécnicas. 5.- La ley del año 2000 vuelve a los centros de educación superior dependientes de políticas gubernamentales y convierte a los centros de educación superior en entidades más de carácter burocrático que académico. 6.- En términos generales, los gobiernos de turno buscaron entregar o quitar recursos públicos a las universidades y politécnicas, dentro de sus políticas de clientelares. El Fopedeupo las protegió. 

Los hechos expuestos formaban parte del contexto en que debe analizarse el “libre ingreso” establecido en 1969, que costó la muerte de varios estudiantes.(O)

Medardo Mora Solórzano,

expresidente del Conuep; Manta, Manabí

 

Nota de la Redacción:

El reportaje afirma que según la Ley de Educación Superior de 1982, un comisario podría ordenar el allanamiento de una universidad. En efecto, el artículo 5 al referirse a las universidades dice: “no podrán ser allanadas sino en los casos y términos en que puede serlo la morada de una persona”, y en la fecha de la referencia, los jueces de instrucción penal a quienes les correspondía ordenar el allanamiento eran los comisarios. 

Nuestro trabajo no menciona al Conuep ni a otros organismos universitarios porque está enfocado en la evolución de las posibilidades de ingreso de los bachilleres a las universidades, y no pretende abarcar la totalidad del complejo tema de la educación superior en el país. 

Agradecemos su comunicación que aporta algunos elementos al contexto.(O)