Las decisiones, intervenciones y operaciones públicas nos exponen, irremediablemente, a un “punto de enunciación”: ¿desde qué posición articulamos la decisión, la intervención o la operación? Ese punto se define en función de beneficiados y afectados. Esa misma lectura, un tema de estudio desde la lingüística, puede aplicarse a las recién planteadas reformas laborales que terminan otorgando el control del escenario laboral (horarios, obligaciones, beneficios) a los intereses de la empresa y el empresario.

La denominada ‘flexibilización’ beneficia indiscutiblemente a quien contrata, liberándolo de las obligaciones que se conciben como beneficios para el contratado. Las medidas anunciadas en un presunto “consenso” del que están ausentes por decisión propia los trabajadores organizados, deben pasar por la aprobación de la Asamblea, sin embargo es urgente el debate en el real consenso público, un campo que el Gobierno elude y maquilla desde su giro de 180 grados.

El ministro del Trabajo, Andrés Madero, anunció tres temas de dichas reformas:

1.- Contratación especial para emprendimientos –negocios nuevos–. En caso de despido dentro de los tres primeros años, los empleadores no estarán obligados a indemnizar a los empleados por la figura de despido intempestivo, pues su contrato no será indefinido sino hasta superar este periodo. Así, cada mañana el sol de la inestabilidad saldrá del lado empresarial.

2.- La eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales. Este punto de enunciación tampoco necesita de mayor explicación: no se trata de reformas de beneficio colectivo, sino de regresar a una inequitativa distribución de los ingresos. Es decir, flexibilizar solo desde el empleado.

3.- Y sobre la distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días –con jornadas hasta de 12 horas– no tiene otro membrete que el de la precarización. El giro de timón en temas laborales no puede ser más claro, y quizá es lo único transparente en un “gobierno” que actúa con poca claridad y siempre al filo de un feriado (como el de mañana).

Al filo de los feriados se ha decidido elevar el costo de los combustibles o emprender despidos masivos (11.820 empleados públicos despedidos entre diciembre y abril). Y la “novedad” para este feriado es ese otro paquete de reformas “que deben presentarse antes del 24 de mayo” y que apuntan a la Ley de Fomento Productivo.

La generación de empleo, con ese sesgo que perjudica los intereses de los trabajadores, no es la manera más apropiada de resolver el tema de la informalidad. Porque esta suerte de carta blanca para fijar jornadas laborales extensas, o sin estabilidad moderada, en el fondo no resuelve o viabiliza un sistema de relaciones y convivencia. Lo distancia. Lo precariza.

Supongo que el cuento se lo cree solo el Gobierno (y sus incondicionales canales de divulgación, cuyas voces provienen más del Comité Empresarial Ecuatoriano que de la orilla de en frente), y para los trabajadores no les quedará más que la autoconvocatoria, la reivindicación, la discusión activa y la memoria histórica: en tiempos de recesión el ajuste debe ser para todos; en tiempos de bonanza la generosidad debe ser, igualmente, para todos.

Definir ese punto de enunciación desde el que se plantean las reformas puede ser el primer paso.(O)