Declaraciones oficiales confirman que el IESS experimenta una crisis que ha puesto en riesgo la viabilidad de la seguridad social y con ello el destino de sectores vulnerables: jubilados, potenciales beneficiarios de un retiro futuro, trabajadores, campesinos, entre otros.

La crisis –administrativa, financiera, de gestión– no fue asumida por la administración anterior del IESS/Biess y precedentes. Hubo falta de transparencia, irresponsabilidad, ineptitud, finalmente. ¿Cuáles son, pues, sus causas?

De partida, la conducción deficiente de la entidad en el tiempo, confiada a improvisados. Cierto es que los problemas datan de hace tiempo: en una nota anterior decíamos que al menos desde hace 30 años se discutían ya las deficiencias estructurales del modelo de reparto, las que se acentuarían ante recurrentes desajustes macroeconómicos. Los ‘únicos’ que no lo supieron fueron –vaya paradoja– los directivos del IESS. Reformas socialmente aceptables son ahora, pues, inaplazables.

Los factores macroeconómicos inciden directamente en la viabilidad de la seguridad social: un menor crecimiento del PIB y del empleo, por ejemplo, puede determinar un incremento relativo del gasto en pensiones y la caída de los ingresos por cotizaciones sociales, presionando sobre el déficit del sistema.

El gasto en pensiones –y, en general–, expresado con relación al PIB, depende de tres factores. Uno es de carácter demográfico: en la medida en que está fundamentalmente ligado a las pensiones de jubilación, el gasto es mayor cuando el grupo de edad correspondiente aumenta respecto de la población en edad de trabajar (tasa de dependencia). El segundo factor se relaciona con la situación del mercado de trabajo: cuanto más baja sea la proporción de la población que tiene un empleo, menor sería el PIB y, por tanto, mayor el gasto expresado en dichos términos. El tercero relaciona la pensión media y la productividad media de la economía –producto del ratio entre la pensión media y el salario medio (tasa de sustitución de las pensiones)– y el peso agregado de los salarios en el PIB (componente de la repartición primaria del PIB). Cuanto mayor es la tasa de sustitución de las pensiones, mayor es el gasto. Igualmente, dadas las tasas de empleo y de sustitución, más alto sería el gasto si la participación de los salarios en el PIB es superior.

En el ineludible proceso de reforma hay asimismo que prever los cambios que podrían afectar la estructura del mercado laboral y, por ende, el financiamiento futuro del sistema. De los temas antes citados, Ecuador no está al margen. ¿Hay ya una reflexión al respecto?

En cuanto a los ingresos, las principales fuentes de financiamiento suelen ser las cotizaciones sociales y las transferencias del Estado. Estas últimas pueden financiarse íntegramente con impuestos generales. La actual estructura, ¿es conveniente? ¿Contribuye al equilibrio ingresos-gastos del que dependen las prestaciones del sistema?

En varios países las reformas a los sistemas de seguridad social han supuesto, entre otras medidas, el aumento de la edad de jubilación; la introducción de un factor de sostenibilidad que vincule la pensión inicial, por ejemplo, a la esperanza de vida; y, mecanismos que condicionen su revalorización anual al equilibrio ingresos-gastos, con topes máximos y mínimos. Cada una de estas opciones se evalúa con cuidado y, claro, identificando con rigurosidad los escenarios futuros y sus mayores riesgos.

Solo en escenarios macroeconómicos positivos –equilibrios fiscal y externo, recuperación del empleo y la productividad, baja inflación, crecimiento– esas reformas logran modular el gasto en las distintas prestaciones y, por lo tanto, apoyan la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Como fuere, sin incrementos adicionales de los ingresos y una optimización administrativa del sistema, el mecanismo de ajuste tendría otro direccionamiento.

En el caso del Ecuador, el reciente acuerdo suscrito con el FMI, que tendría –según el propio Fondo– características recesivas al menos en los próximos dos años, podría “jugar” frente a cualquier correctivo, sobre todo relativo al pago de la deuda del Estado al IESS y la redención de bonos, a lo que se acudió sin limitaciones en los últimos años.

Por cierto, recurrir en esas condiciones al acuerdo con el FMI exigía oportunidad, proactividad y alternativas. No hay “verdades” únicas y la definición de estos programas siempre está bajo discusión. Se tienen claros causas y actores de los desequilibrios: las diferencias se aprecian según sea la visión de los nuevos actores respecto a la repartición de costos. Socialmente, pues, no hay misterios. Quizá los hay cuando se sesga el “pago” de costos del ajuste.

En fin, resulta crucial aumentar la transparencia del sistema y reforzar en lo posible el peso de las contribuciones en relación con las prestaciones ofrecidas. La gratuidad a segmentos de no contribuyentes, que debería ser responsabilidad del Estado, también debe reexaminarse, sin justificaciones forzadas. Ninguna posibilidad puede ser excluida a priori, por la propia fortaleza futura de la seguridad social.

Hay que también analizar en qué medida recaería sobre cada generación el ajuste de las prestaciones o el aumento de la imposición necesarios para reequilibrar la situación financiera; sobre cómo se pretendería instrumentar los posibles ajustes; y, hasta qué punto se utilizarían las pensiones para actuar sobre la desigualdad intrageneracional.

Retos difíciles, a los que se suma la carencia –todavía– de estudios actuariales, en particular en términos de las tendencias del ciclo y componentes que los sustentarían, por ejemplo. Como fuere hay que tener una visión integral de los costos-beneficios de la posible reforma, desde el punto de vista técnico. Sin improvisaciones, desconocimiento, peor cualquier interés particular.

Lo cierto es que, una vez más, la demora en la adopción de correctivos pasaría una pesada factura. En este caso se pone en riesgo a los sectores menos favorecidos, mayoritarios. ¿Cómo siempre? Las soluciones no pueden postergarse más.

(O)

En el caso del Ecuador, el reciente acuerdo suscrito con el FMI, que tendría –según el propio Fondo– características recesivas al menos en los próximos dos años, podría “jugar” frente a cualquier correctivo, sobre todo relativo al pago de la deuda del Estado al IESS y la redención de bonos, a lo que se acudió sin limitaciones en los últimos años.