“Que tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio”, decía una descorazonado Bertolt Brecht, al ver en lo que se había convertido su sociedad como producto del advenimiento al poder del nazismo. Explicar lo obvio, aquello que se supone incuestionable, eso que ya no debe generar mayor debate, conlleva una continua vuelta de tuerca tanto temporal como conceptual.

Cuando creemos que ciertos temas, especialmente referidos a derechos, ya han superado discusiones que los cuestionen, aparecen grupos que sin el menor desparpajo tratan de transportarnos en el tiempo a aquellas épocas en que los derechos que hoy nos parecen indubitados, eran puestos en la lisa del debate. Así en España, por ejemplo, que durante décadas se mantuvo bajo la égida de un franquismo criminal y negacionista de derechos, hoy por hoy emergen grupos políticos como Vox, que han hecho del cuestionamiento de derechos humanos, nada más ni nada menos que su bandera de lucha. Su irrupción en la palestra política ha generado una serie de reacciones y consecuencias, así las derechas representadas por el Partido Popular y Ciudadanos, se han visto abocadas a radicalizar su discurso y propuesta, a efecto de tratar de detener la estampida de aquellos radicales que ven en el programa de Vox una alternativa válida. Es decir, a una propuesta cavernaria se trata de enfrentar con actitudes que demuestren al electorado que todavía se puede ser más Neanderthal que ellos.

Que en España es obvio que criminalizar a una mujer que decida interrumpir la gestación, es algo que ahora debe explicarse y defenderse. Los argumentos de quienes sueñan con volver a las épocas en que los valores católicos impregnaban el ordenamiento jurídico español, son de lo más variopintos. Desde aquellos que utilizan la falacia de identificar embrión o feto con niño, hasta otros un poco más pintorescos, como el de Pablo Casado, el líder actual del PP, para quien debe abolirse la ley del aborto de plazos, a efecto de nutrir con mayor número de aportantes al sistema de pensiones de la seguridad social.

Por acá no nos va mucho mejor con tema de las “obviedades”. Cuando este artículo se publique, ya tendremos un nuevo Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, esta vez elegido mediante votación popular y del que muchos tenemos pocas expectativas. A sabiendas de su evidente debilidad electoral en la coyuntura política actual, el correísmo se cuidó muy bien de copar con candidatos propios las papeletas de elección de este organismo y luego, vulnerando prohibición expresa, ha hecho una campaña orgánica, sistemática y desembozada en favor de los candidatos de su preferencia, todos ellos ilustres desconocidos por cierto.

¿Qué pretenden Correa y sus feligreses con esta movida política, al copar un órgano que al parecer no tendría casi nada por hacer, pues el transitorio ha cesado y nombrado a todas las autoridades que podía? Pues simple, intentar generar un caos en la administración pública que pueda permitirle asumir una posición política fuerte, frente a la avalancha de denuncias de corrupción y procesos penales que sabe se le vienen encima. Correa desde su autoexilio está consciente de que necesita retomar el control de órganos como Contraloría, Procuraduría y de manera especial Fiscalía General del Estado, para poder detener los eventuales procesamientos que se producirían, a base de los evidentes atracos realizados a fondos públicos en su gobierno. Le asusta una Corte Constitucional independiente que no se someta a sus dictados y se ha dedicado con su grupo de monaguillos digitales a una campaña constante y sistemática de difamación y desvaloración de sus integrantes, que no ha tenido éxito solamente por el gran nivel grupal e individual de cada uno de los jueces seleccionados para el máximo órgano de control constitucional.

Uno pensaría en que es obvio que el CPCCS debe cumplir las funciones que le asignan la Constitución y la Ley, pero esto también ha sido puesto en la mesa de debate, desde la falacia de “si el transitorio designado a dedo pudo hacerlo, cómo es que uno definitivo y elegido mediante votación no lo puede hacer”. La respuesta es simple, los transitorios tuvieron un mandato ciudadano votado en un ejercicio de democracia directa, que los definitivos no tienen. Por supuesto y muy a su estilo, el correísmo a través de campañas sistemáticas de medios y redes, tratarán de cuestionar esto y asimilar las facultades de los transitorios con las de los ahora elegidos, aunque medie la obviedad del mandato. No le queda otra, esto para ellos es de vida o muerte y están dispuestos a dar pelea. Lo gracioso es que consideran que los demás somos tan ilusos e ingenuos como para observar inmóviles una nueva destrucción de la institucionalidad. (O)