Tan democrática como la opción del voto en blanco.

Ambas son expresiones de voluntad y manifestación de rechazo o descontento del votante, forzado por las opciones políticas presentadas en la lid electoral. No obstante, convengo con quienes afirman que el rechazo no necesariamente apunta a determinados candidatos a una dignidad. En el caso de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se ha convocado, más bien se lo está proponiendo como un reproche a la existencia misma del organismo, que concentra facultades contrarias a la tradición republicana que consagró la división de poderes y la virtud del control de las funciones del Estado, que radica en el sistema de pesos y contrapesos.

La opción del voto nulo tiene coherencia en un debate de ideas y opciones políticas, que no solo se circunscriben a candidatos sino a concepciones y principios. Descalificarla por originar un supuesto beneficio a determinadas candidaturas y/o a perjuicio de otras, implica intolerancia dentro de una sociedad que se reputa democrática.

La opción, ante todo es expresión de dignidad y responsabilidad, además de legítima y legal (pues está prevista en el Código de la Democracia), que puede ser utilizada como mecanismo de defensa del ciudadano ante la crisis de los partidos y organizaciones políticas. Especialmente, para confrontar a los colectivos sin ideología y carentes de proyectos políticos serios, pues generalmente aparecen cada cierta temporalidad en época de elecciones, con candidatos que pocos conocen. Algunos candidatos incluso no tienen idea de lo que deben hacer si llegaren al cargo. A otros pareciera no importarles la “tienda” política que los apoya, evidenciando anticipadamente y de alguna manera, que únicamente buscan concretar su ambición personal de alcanzar el poder y servirse del cargo y hasta de los recursos del Estado.

Estimamos, en coincidencia con el periodista guatemalteco César Sagastume, que la opción del voto nulo ayuda a rectificar los errores de la democracia y los vicios que han supuesto la desinstitucionalización de un país. En el caso del Ecuador, la creación del CPCCS con ilusoria participación ciudadana, sin duda engendró y favoreció prácticas antidemocráticas, así como opacidad, corrupción e impunidad del saqueo de los dineros del Estado.

Con los resultados de este domingo 24 de marzo, si hubiere un pronunciamiento vigoroso de rechazo a la existencia misma del CPCCS, el mandato de rectificar deberá ser cumplido por el ejecutivo, quien tendrá que convocar a la consulta popular sobre la reforma constitucional para hacer desaparecer el indicado organismo y que la atribución de designar autoridades de control sea asumida por la función legislativa.

Si el presidente Moreno no respondiere al clamor de la ciudadanía, tendrán los líderes políticos sensibles la oportunidad de canalizar la aspiración de un gran segmento de la población, que desea ser escuchada en una consulta popular con la finalidad de eliminar el maquiavélico organismo o al menos mantenerlo con funciones limitadas, para evitar una nueva década de desbordes autoritarios y corrupción.

Vamos, pues, a ejercer todas nuestras opciones democráticas en el proceso electoral. (O)