Zar es un vocablo ruso que proviene del latín César. Las carreteras concesionadas de Guayas han estado en manos de una sola compañía, desde el siglo pasado. Pagamos peaje para que la empresa dé mantenimiento e invierta lo necesario para encarar el crecimiento del parque automotor, del cual son beneficiarios directos. Pero no es así, aparte del peaje, la Prefectura le da al concesionario millones para inversión, y, sin embargo, las carreteras a Babahoyo y Machala están en la deplorable situación de ser de dos carriles, a pesar de que soportan el más importante y productivo tráfico del país. Se deben escudriñar los términos de esta concesión que en la última década tuvo la venia de una Contraloría que, según confesión de Odebrecht, resultó ser el “Zar” de los “peajes” para toda contratación pública. Entendiéndose por “peaje” el pago de una comisión por contratos públicos y, por “Zar”, aquel que se siente tan poderoso y respaldado que cree que así será para siempre.

La red vial del Guayas ocupa ahora la cola del país. Lo único nuevo que iba a construirse es el acceso al puerto por el sur, ofrecido por el presidente Moreno para octubre 2018; sin embargo, cuando estaba por darse, quien fuera funcionario y representante del consorcio vial que concesiona las carreteras de Guayas fue nombrado ministro de Obras Públicas. Y, al poco tiempo, se dio por terminado el proceso. Se abrió otro de distinta naturaleza y condiciones.

Antes ya advertí que aquello podía ser una maniobra para postergar la construcción de una solución vial que eliminaría la vuelta, de hora y media de duración, que ahora tienen que dar los contenedores para ir y venir del puerto que mueve el 85% del comercio internacional del país. El “detalle” es que esa vuelta forzada se la hace a través del PAN (Puente Alterno Norte) y, al dejar de pasar por el PAN, el consorcio donde trabajaba el ministro dejaría de percibir más de 20 millones al año. El conflicto de intereses es así de directo. El nuevo proceso estipulaba que los interesados debían de presentar sus ofertas a más tardar el 4 de febrero de 2019, pero la “Comisión técnica” argumentando que “los posibles participantes” solicitaron la ampliación del plazo, lo extendieron hasta el 15 de mayo del 2019 (100 días de postergación, esto es $ 7 MM de peaje), aunque no aparecen, en el sitio web del proceso, los pedidos de ampliación de tales “posibles participantes”. ¿Qué les parece?

Otra perla: la carretera a Salinas no está concesionada, y una empresa, distinta de la vinculada al ministro, ganó un concurso público para encargarse de su mantenimiento. El ministerio debió ya haber firmado el contrato respectivo, pero lo postergó, 1 vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6 y, recientemente, una 7ª vez. En cada ocasión debieron negociar las cláusulas finales del contrato, pero no hubo acuerdo; es de suponer que las conversaciones se centraron en el peaje (sin comillas). A nivel público, la conversación ya dejó de ser técnica, pues ahora se acude a los usuarios de Santa Elena para preguntarles si están de acuerdo con pagar peaje. Por favor, ¿quién va a estar de acuerdo? Yo, por ejemplo, aun cuando uso esa vía con cada día más baches, me digo: ¿por qué voy a pagar, si en las supercarreteras de la Sierra y Oriente se invierten miles de millones y no pagan peaje?

Guayaquil debe tener la potestad para decidir sobre su red vial e impedir que compañías de Quito, con vínculos en el ministerio, frenen su desarrollo. Se necesita cambiar la Constitución. (O)