Por: Rosa Pavanelli *

Ginebra

Austeridad. De izquierda a derecha, los gobiernos no se sacan esa palabra de la boca. En Argentina, el gobierno lanzó el año pasado un conjunto de recortes presupuestarios, reviviendo recuerdos dolorosos de la crisis económica de 2001-2002, que sumió a millones de personas en la pobreza . Y es también en nombre de la austeridad y la lucha contra la corrupción que el recién elegido presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió reducir los gastos de su gobierno.

La exigencia de recortes presupuestarios, que en la práctica tienen un impacto directo en los servicios públicos, no sólo favorece el populismo y las tensiones sociales, sino que es también un ataque frontal contra los derechos de las mujeres. Y es así porque ellas dependen más de los servicios sociales públicos ya que limpiar, cocinar y cuidar de los miembros dependientes de la familia -niños, ancianos y personas con discapacidad- siguen siendo "asuntos de mujeres". En Costa Rica y Guatemala, por ejemplo, las mujeres dedican a las tareas domésticas cinco veces más tiempo que los hombres.

Mujeres y niñas son también las más afectadas allí donde los servicos básicos son precarios. En África subsahariana, donde más de dos tercios de la población carecen de acceso al agua corriente, son ellas quienes se encargan de proveer de agua y saneamiento al hogar. Esta injusta situación implica que las mujeres tengan menos oportunidades de educación, formación y trabajo, lo que dificulta mucho su independencia económica.

Incluso cuando consiguen trabajar, muchas se ven atrapadas en empleos mal remunerados y de pésima calidad, a menudo en el sector informal. Todo ello se suma a la ya inaceptable diferencia salarial del 23% que existe entre mujeres y hombres. En consecuencia, las mujeres tienen menos probabilidades de recibir una pensión en su vejez. En la República Dominicana y El Salvador, por ejemplo, la remuneración de las pensiones de las mujeres es menos de la mitad de la ya de por sí baja de los hombres.

El acceso de las mujeres a la protección social, los servicios públicos de calidad y las infraestructuras es ahora una prioridad de la comunidad internacional. De hecho, es el tema principal de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 2019, que se celebrará en Nueva York del 11 al 22 de marzo. No se trata de una reunión burocrática más: sus conclusiones definirán las políticas de igualdad de género que los países pretenden aplicar en los próximos años.

La Internacional de Servicios Públicos, que presido, asistirá a los debates como parte de una delegación sindical mundial de 200 hombres y mujeres de todo el mundo. Vamos a destacar los aspectos positivos del informe realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas antes de la reunión, especialmente por su énfasis en darle un enfoque universal basado en los derechos. Sin embargo, hacemos un llamamiento a los gobiernos para que traduzcan estos principios en políticas concretas que eliminen las desigualdades de género.

Es urgente reformar el sistema tributario internacional global para poner fin a todos los mecanismos de evasión fiscal. Cuando las empresas no pagan los impuestos que les corresponden, hay menos dinero para invertir en servicios públicos, infraestructuras sostenibles y protección social, que son los principales impulsores de la igualdad de género. Sólo los ingresos fiscales anuales que pierden los países en desarrollo debido a las prácticas fraudulentas de las multinacionales se estiman entre 98.000 y 106.000 millones de dólares, casi 20.000 millones de dólares más que el gasto necesario para lograr la cobertura universal de agua y saneamiento.

También queremos destacar el papel esencial y primordial de los Estados como garantes de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Siempre que las empresas privadas se han encargado de los servicios públicos básicos y de las infraestructuras, como el agua y el saneamiento, o de las instalaciones para la salud y educación, la calidad ha disminuido, sobre todo en detrimento de los más vulnerables.

En estos tiempos difíciles, en los que muchos líderes políticos sin escrúpulos utilizan la xenofobia, pedimos políticas dirigidas a todas las mujeres, incluidas las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Es especialmente preocupante que algunos países europeos estén intentando limitar el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales.

Sin políticas voluntarias como éstas, la mayoría de los países no podrán cumplir con su compromiso sobre igualdad de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las mujeres seguirán teniendo dificultades para permanecer en el mercado laboral y asegurar sus derechos de protección social a través del empleo. Tampoco encontrarán tiempo para el descanso, el ocio o la participación política. Los servicios públicos de calidad, universales y basados en los derechos son una cuestión feminista. (O)

* Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos.