El del miércoles fue que las misiones negociadoras para el acuerdo con el Fondo Monetario habían culminado su tarea, y que el enlace, al que ya se habían comprometido las partes (ver artículo del pasado domingo), solo depende de un formalismo: la aprobación del directorio del Fondo.

El del lunes fue la convocatoria a la comunidad internacional para que conforme una comisión de cinco integrantes, autónoma, que diagnostique los actos emblemáticos de corrupción, que los resuelva y apoye su judicialización.

Da la impresión de que esta última iniciativa fue la reacción del presidente ante su impotencia para lograr condenas por corrupción. El viernes anterior, con inusitada celeridad, el Tribunal de Garantías Penales exoneró de culpa a un exministro del gobierno de Correa acusado de peculado, quien ya había sido condenado por la opinión pública ante la abrumadora evidencia.

Las encuestas determinan que la ciudadanía no incluye a la corrupción entre los problemas más álgidos del país (son el económico y desempleo). Pero entre la clase más preocupada de la gobernabilidad, quienes leen los diarios, siguen los noticiarios y comentan en redes sociales, hay indignación ante la impunidad de quienes contrataron obras mal ejecutadas por miles de millones, dejándonos con una deuda inmensa, motivados por las millonarias coimas que recibirían.

Meses atrás el presidente anunció la contratación de instancias internacionales para trazar la ruta del dinero de la corrupción: encontrar dónde está la plata y recuperarla. Se desconoce si hay algún avance y que se mantiene en sigilo para no entorpecer las investigaciones. Pero todo lo que el público sabe es que no hay resultados. Lo poco que se ha avanzado es lo que viene de afuera: de Brasilia y Washington, el caso Odebrecht; Miami, del Caminosca; los papeles de Panamá.

Hay presión de la opinión pública para que el Ecuador siga los pasos de Guatemala, que tiene la Cicig, y pida a la ONU que nombre un comisionado especial para combatir la corrupción.

La Cicig estuvo tras la destitución del presidente Otto Pérez y pide el levantamiento de la inmunidad del presidente en funciones Jimmy Morales, acusado de ganar con fraude. Morales replica ordenando la salida de la Cicig de Guatemala.

Mis conversaciones con dirigentes empresariales guatemaltecos revelan que hay opinión dividida. Hay quienes apoyan la Cicig de manera entusiasta, y los que opinan que bajo el actual comisionado, colombiano, la Cicig se convirtió en estructura paralela y cometió atropellos.

A las autoridades nacionales no les convence la Cicig. Estiman que Guatemala es un caso especial, venía de una guerra civil. Presumo que además sienten que implica una cesión de soberanía. La actual iniciativa cumpliría el objetivo de satisfacer a esa opinión que pide una instancia internacional para superar la inoperancia nacional, pero sin concederle las atribuciones de la Cicig.

Aún está por definirse el papel de esa comisión; si realmente podrá cortar el nudo gordiano que se ha conformado en la Fiscalía y juzgados, y resolver casos que culminen en condenas, prisiones, recuperación de fondos. O si se trata de solo una cortina de humo.

A la postre, lo importante no es que se conforme o no una comisión. Lo que cuenta es que haya resultados. (O)