En tiempos de campaña electoral, como la que ahora disfrutamos, quienes aspiran a ser elegidos mediante votación popular, directa y secreta, presentan al escrutinio público, como prueba de su buena voluntad, capacidad de gestión y tenacidad en sus empeños, las conquistas y logros alcanzados en beneficio de la población, en general, o de algún grupo específico, en particular.

¿Es suficiente esa notificación anunciada en concentraciones ciudadanas o a través de los medios de comunicación, o se necesita verificación oficial que acredite la verdad, para evitar que el error o peor el engaño incline el voto de la ciudadanía?

¿Cree usted que requerimos de una auditoría ciudadana, oficial, pagada por el Estado o alguna de sus instituciones, que investigue los asertos propagandísticos y determine, oportuna y fehacientemente, la verdad o falsedad de las presuntas obras y servicios que se autoacreditan quienes aspiran a cargos de elección popular?

Si no fuera posible hacerlo por parte del sector público, por el costo que podría significar para su debilitada economía, ¿podrían acreditarse solventes empresas auditoras o ciudadanos voluntarios para hacer esa tarea?

¿Valdría la pena o sería un gasto inútil, aunque se persiguieran la transparencia y la honradez?

Otro tema que se debe considerar en el caso de las elecciones para autoridades seccionales, provinciales, cantonales y de parroquias rurales, como las que deben realizarse en pocos días más, es el de acreditación de los éxitos administrativos logrados.

Por ejemplo, en los cantones elegimos alcalde e integrantes del antes denominado concejo cantonal, ahora gobierno cantonal descentralizado.

¿Cómo acreditamos los logros alcanzados? ¿Revisando los votos a favor o en contra del proyecto, en las sesiones del pleno o las comisiones que se integraron? ¿Por las constancias de sus intervenciones al impulsarlo o fiscalizar? ¿Por sus denuncias comprobadas o respaldos a la obra?

No parece fácil, máxime que, según parece, la ciudadanía no ha hecho suficiente uso de la silla vacía, ni se transmiten por radio todas las sesiones de los GAD, en cada provincia, cantón o parroquia.

No basta decir hay que comprobar, si a la ciudadanía no se le ha completado el conjunto de las herramientas jurídicas necesarias para ejercer sus derechos, en defensa de la colectividad de la que forma parte, sea país, provincia, cantón, parroquia o barrio, donde siente las necesidades que, por su naturaleza, corresponde atender al Estado, a través de las instituciones que se han creado para el efecto y deberían funcionar bien.

Si, además, no se la forma adecuadamente ni se la estimula, el interés cívico o político solamente se enciende en tiempos de campañas electorales y luego se debilita, consume y se apaga, a veces, al término de la revisión de los escrutinios.

Eso nos afecta a todos, pues nos hace falta que la ciudadanía se haga cargo de sus propias responsabilidades, especialmente, la de auditora de lo que ocurre en la administración pública.

¿Algo podría mejorar si nos empeñamos en conseguir que los candidatos demuestren los resultados que manifiestan haber logrado en anteriores actuaciones cívicas o políticas?

¿Sería tan amable en darme su opinión? (O)