Tal como lo he manifestado en columnas anteriores, así como en entrevistas en medios de comunicación, nos encontramos en un proceso de transición de la dictadura correísta hacia una democracia plena, con separación de poderes e instituciones democráticas al servicio del pueblo.

Y digo transición porque aún no hemos alcanzado esa democracia plena ni una completa separación de poderes, ni que las instituciones democráticas sirvan al pueblo, al menos no todas y no siempre.

Sin embargo, es innegable que habérselas arranchado al correísmo es ya un gran paso. Y el proceso para designar nuevas autoridades que lleva a cabo el CPCCS transitorio, con más aciertos que errores camina en esa misma dirección.

De entre todas las autoridades por nombrar, siempre he sostenido que la más importante de todas era la Corte Constitucional.

Digo esto porque, aunque no es una instancia de la justicia ordinaria, al final de cuentas es el último y más elevado espacio de justicia que tienen los ciudadanos de una nación que se precie de democrática, para exigirla frente a los atropellos, injusticias y errores del Estado, a través de sus diferentes estamentos.

No es casualidad que durante la última dictadura, esa corte haya sido el reducto en el que se lavaron y santificaron todos los zarpazos del líder máximo contra la entonces agonizante democracia, a cambio de un estatus de magistrados al que la gran mayoría de ellos ni en sueños hubieren imaginado acceder, y de prebendas de todo tipo con cargo al presupuesto nacional.

Digamos que, en terminología de ajedrez, la Corte Constitucional fue la reina del dictador, y habérsela arrebatado y ponerla, como en el caso actual, en manos de profesionales de primer nivel, con sólidos principios democráticos y una hoja de vida impecable (por lo menos de quienes tengo el gusto de conocer), debe ser motivo de celebración, fundamentalmente, para los grupos más débiles del país que con seguridad ya no perderán sus causas por no tener la palanca o chequera requerida.

Qué lujo para el país que esta corte sea presidida por Hernán Salgado, probablemente uno de los abogados ecuatorianos con mayor prestigio internacional, con quien tuve el honor de compartir la defensa de Diario EL UNIVERSO en el grotesco caso penal en el que el expresidente Correa demandó el pago de 80 millones de dólares y la prisión por 3 años de sus directivos, alegando que una columna de opinión había manchado su honor.

Cuando estamos decepcionados de los gobernantes o políticos en general, en un impulso de impotencia y rabia, solemos decir que el país tiene los gobiernos que se merece. Y la verdad, muchas veces es así.

Pues bien, en este caso puedo decir con orgullo que el Ecuador por fin tiene la Corte Constitucional que se merece.

Desde esta columna aplaudo la designación y les deseo el mayor éxito en el desempeño de sus funciones. El Ecuador los necesita más que nunca.

(O)