Una mano en alto amenaza a la víctima. Otra aprisiona su cuello. Empieza el operativo. Un helicóptero revolotea los alrededores. Varios oficiales acordonan el área. Un negociador policial trata de calmar al desquiciado. Brazo, hombro y parietal son marcados por francotiradores. Llega la orden. Un cuchillo surca los aires. El rehén es liberado ileso. El público aplaude. La película termina con esta escena deseada en Ibarra, donde el actuar policial es criticado por una tragedia que pudo evitarse. El caso de Diana Carolina develó falencias en el accionar de una institución llamada a brindar seguridad. Por ejemplo, en la muerte de Andrés Padilla en agosto pasado pudieron esperar un poco y quizá se evitaba el desenlace fatal, y con Diana debieron actuar con más rapidez.
Este hecho indigna, pero no podemos criminalizar una nacionalidad por unos cuantos desadaptados. En femicidios protagonizados por connacionales la reacción de autoridades y la sociedad civil ha sido menos intensa, cuando todos deberían rechazarse enérgicamente. Antes del repudiable suceso hubo una víctima de violación masiva y después, en Santo Domingo de los Tsáchilas, otro salvaje femicidio, sumando una estadística nacional preocupante de un caso cada tres días –según informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu)–, promedio sostenido desde antes de la crisis humanitaria venezolana. Irresponsable esa insinuación de que la violencia del país es importada, más si proviene de autoridades. Ese ambiente hostil contra inocentes, echarlos de hospederías, negarles trabajo, intentar lincharlos so pretexto de “defender la patria”, devela decadencia valorativa de algunos confundidos entre justicia y barbarie.
El “operativo” más importante contra la violencia empieza desde el hogar, el estímulo temprano en cuanto a respeto, solidaridad, equidad, tolerancia, honradez; valores extinguidos en un país con instituciones cuestionadas. Se pretende que profesores resuelvan carencias familiares donde no se corrigen comportamientos agresivos, machistas; al contrario, estimulan su reproducción. El “operativo” necesita implementar campañas preventivas contra la discriminación, el machismo, reformar leyes para apoyar el accionar policial, mejorar la condición económico-social poblacional, efectuar patrullajes constantes de Policía, endurecer penas, no fomentar xenofobias con decretos u ordenanzas selectivas cual cacería de brujas que no resuelve el problema estructural de violencia, especialmente de género. Necesitamos un nuevo contrato social de educación integral valorativa de ‘prevenir más y reprimir menos’.
El Estado debe ser implacable contra la delincuencia local o foránea, porque nadie está por encima de la ley; la Justicia, cumplir un rol reformador del individuo privado de libertad y reintegrarlo sano a la sociedad. La ciudadanía, ser agente de paz no de encono. Es inhumano toda hostilidad contra niños, mujeres y hombres viviendo su propio calvario allende sus fronteras. El operativo y consigna racional es ‘prevención y mano dura contra el machismo y el crimen, sí; xenofobia, no’. La Policía debe estar capacitada para responder de manera eficaz, neutralizar al delincuente y proteger a la víctima, no dejar sensación de lo contrario. El Estado requiere implementar políticas contundentes contra la violencia de todo tipo, y garantizar la seguridad ciudadana para que lo de Ibarra no suceda nunca más. (O)
