Venezuela sigue siendo el dolor de América Latina, del mundo y de los venezolanos. La nueva batalla de los enemigos de la paz y los amigos del dinero, con el viejo fin de derrocar a su gobierno, gira alrededor de la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional en sustitución de Nicolás Maduro, cuyo régimen, como el de su predecesor, fueron desde el principio amenazados, ora el 2002 con el golpe de tres días dado a Hugo Chávez, en el que el usurpador desconoció toda la institucionalidad pública, subordinando la Constitución a los propósitos de los golpistas; ora el 2005 cuando no reconocieron los perdedores su derrota en las elecciones legislativas, lo que repitieron el 2013 en la primera elección de Maduro; ora el 2015 con las sanciones económicas adoptadas por Obama contra funcionarios públicos venezolanos, alegando ser Venezuela un peligro para la seguridad nacional y la política exterior de su país. El expresidente uruguayo José Mujica dijo que tiene que andar pasado de manija quien diga eso. Finalmente, el asedio llegó por las elecciones de 2018.

Como los castigos no fueron suficientes, relata Pedro Santander, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que el Gobierno estadounidense ha impuesto al país rebelde un bloqueo económico y político consistente en prohibir la compra de deuda y usar el dólar para negociar la deuda; cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria; negativas a recibir pagos directos e indirectos, con lo cual no ha podido comprar alimentos y medicinas; bloqueo de préstamos; retiro de aerolíneas extranjeras; boicot de la participación de artistas y deportistas en el exterior; calificación arbitraria e injusta del riesgo país; no devolución del Reino Unido al Gobierno venezolano, de las reservas de oro que este depositó en ese país; bloqueo de operaciones económicas con dicho metal por el régimen estadounidense, agravando la incapacidad de Venezuela para adquirir alimentos y medicinas; ahora congelamiento de US $ 18.000 millones; y un cerco mediático mundial, que se refleja en la emisión de noticias y opiniones abrumadoramente negativas.

¿Por qué todo aquello? El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que su objetivo es que las principales compañías estadounidenses produzcan petróleo en Venezuela. Ese mismo interés mostró Donald Trump en Libia antes de ser presidente.

Así, la nueva carta de los dueños del naipe, de la mesa y de la casa de juegos es el reconocimiento internacional a Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, con el argumento –vergüenza debería darles– de que el artículo 233 de la Constitución venezolana lo faculta para asumir el cargo como jefe del legislativo. Mas esta norma prevé que, ante la falta absoluta del presidente de la república, lo debe sustituir el vicepresidente, no el presidente de la Asamblea Nacional, quien exclusivamente lo debe subrogar si la falta se produce antes de que el primer mandatario se posesione. Falta que, en el único caso aplicable a la especie que es el de la destitución de aquel, debe declararla el Tribunal Supremo. Esta ilegalidad no repara las ilegalidades antidemocráticas del gobierno de Maduro y antes de Chávez. La herida de una puñalada no se cura con otra puñalada.

Pero ello no es lo más grave, sino meter las narices en los asuntos internos del país llanero, lo que expresamente prohíben las Cartas de la ONU y de la OEA, en la forma militar o cualquier otra, porque ello implica mengua de la soberanía de un Estado, siempre y cuando, como dice Korovin, no se violen los derechos de los demás Estados, ni los principios y reglas del ordenamiento jurídico internacional. Sin soberanía no existe la igualdad jurídica de un Estado con otros, que constituye otro principio de Derecho Internacional.

Los estatutos de dichas organizaciones son tajantes, prescriben que por ningún motivo puede darse la intervención de uno o varios Estados en las cuestiones intestinas de otro u otros, habiendo sido aquella invocada en el siglo XIX por la Santa Alianza de monarcas europeos, para justificar su dominio a otras naciones y que el presidente estadounidense Roosevelt la resucitó a principios del siglo XX.

El principio de no intervención también está consagrado en nuestra Constitución y amparado en él actuó el país al principio, luego se abstuvo de votar en la OEA a favor o en contra de Venezuela, por lo que fue felicitado nuestro gobernante por un funcionario de EE.UU., quien vaticinó que Ecuador tendría un papel importante acerca del tema en los próximos pasos. Y así fue.

En cuanto al reconocimiento de gobiernos, ilustra la Doctrina Estrada, que sostiene que cada pueblo tiene derecho de establecer su propio gobierno y de cambiarlo libremente y que en consecuencia no necesita el reconocimiento de los demás para cobrar vida jurídica. Declaró su autor, el canciller mexicano, que el gobierno de su país se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos.

Por su parte, la Doctrina Lauterpacht proclama que, si el gobierno ejerce un control efectivo sobre territorio y pueblo, independiente de la forma como se ha constituido, debe ser aceptado.

En lo atinente a los derechos humanos de los venezolanos, violados por el gobierno nacional según la ONU a través del Consejo y del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional empezó a actuar. También la oposición política ha cometido graves violaciones de esa índole.

Las campanas del pueblo venezolano doblan por todos nosotros. El diálogo es el camino. (O)