Se esta debatiendo en el país la responsabilidad que pudiera tener La Posta por haber publicado el contenido de un audio, filtrado de una sesión del Consejo de Seguridad, sobre el asunto del asesinato a los tres miembros del equipo de periodismo de diario El Comercio a manos de los terroristas que los secuestraron. El asunto ha alarmado, todavía más, porque en esa filtración consta la intervención del presidente de la República. Las aclaraciones oficiales han enredado las cosas, y el asunto se agrava por los pedidos de funcionarios que reclaman sanciones para La Posta. Para ilustrar criterios, quiero recordar que sobre esto de filtración de documentos secretos y su publicación por órganos de prensa, los dos últimos gobiernos, el anterior y el actual, han sentado una cierta jurisprudencia. Me refiero a lo ocurrido con Assange y al asilo a él otorgado en la Embajada en Londres, hasta hoy.

En el asunto que nos concierne, específicamente, WikiLeaks, su principal, Assange, obtuvo, ilegalmente, correspondencia reservada del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se la filtró a cuatro grandes diarios del mundo, en Inglaterra, Alemania y los propios Estados Unidos, quienes los publicaron simultáneamente.

Estos últimos, el Washington Post y el New York Times, pudieron ser objeto de demandas judiciales por las autoridades norteamericanas, pero no, nada les ocurrió, porque estaban amparados por la libertad de prensa consagrada en la Constitución. Se sancionó al soldado norteamericano Manning, que fue quien filtró esos documentos reservados a Assange. Este último entró en pánico; aún más, cuando entró en problemas con las autoridades judiciales de Suecia por la acusación de violación de unas señoritas suecas. Es entonces que saltó a la arena el Don Quijote de la libertad de prensa a luchar contra los molinos de viento de la primera potencia mundial en defensa de Assange, a quien ofreció asilo, sin que el interesado lo haya pedido. Nuestro paladín continuó sus caballerescas andanzas para proteger a Snowden, funcionario de las oficinas de inteligencia norteamericana, quien había filtrado a la prensa los documentos que estaban bajo su custodia. Con la ayuda de Assange, el cónsul ecuatoriano en Londres extendió un salvoconducto con el que Snowden pudo pasar de Hong Kong, donde se había refugiado, a Moscú, donde obtuvo asilo, cuando Don Quijote lo abandonó porque el vicepresidente de los Estados Unidos le reclamó y se excusó diciendo que no era enemigo de los Estados Unidos. Previamente, en una andanza anterior, ya había probado su valentía expulsando del Ecuador a la embajadora norteamericana, quien lo había mencionado en un informe reservado, ahora hecho público. Como se ve, tenemos amplia experiencia en asuntos de filtración de documentos a la prensa.

No se trata de inculpar a La Posta, que actuó en ejercicio de la libertad de prensa, sino de establecer quién o quiénes fueron el o los funcionarios que filtraron documentos de la sesión reservada del Consejo de Seguridad. Eso concierne a la seguridad nacional y debe ser investigado, sancionado, fría, objetiva, serenamente, sin rasgarse las vestiduras. Mientras tanto, cada uno de los presentes en ese Consejo está bajo sospecha.

(O)