Uno de los temas que más ha llamado la atención de la ciudadanía en estos días ha sido, sin duda, el testimonio rendido por el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, en el juicio penal que se sigue en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, contra Joaquín Guzmán Lopera, mejor conocido como el Chapo. Este testimonio, respaldado además por la grabación de una llamada telefónica, relata con lujo de detalles la forma en que el narcotraficante mexicano negociaba la adquisición de toneladas de droga con las FARC y cómo la trasladaban hasta México. Nada fuera de lo común en una historia narco promedio si no fuera por un detalle, las toneladas de droga que las FARC enviaba al Chapo se transportaban desde la frontera con Colombia hasta Guayaquil, por personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y en camiones de la institución. En el puerto se embarcaban en naves de Pemex que las llevaban a su vez a su destino final.

La naturalidad con la que se hace referencia a nuestros militares como mensajeros de entrega al servicio de los carteles resulta pasmosa. Cien dólares por kilo transportado, se señala en el testimonio como tarifa pagada a los buenos muchachos uniformados que hacían el trabajo. Lo más grave del caso fue constatar posteriormente que los militares involucrados se encontraban libres, luego de haber sido beneficiados de reducciones de sentencia y sistemas de prelibertad. En el caso de un piloto vinculado con el mismo Cartel de Sinaloa que lideraba Guzmán Lopera, la condena fue de cuatro años, luego de que los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia casaran de oficio la sentencia que lo calificaba de autor del delito de narcotráfico y lo condenaba a diez años de privación de libertad. En el voto de mayoría dictado por los jueces Miguel Jurado Fabara y Édgar Flores Mier, se consideró que pilotear la nave en la que se embarcaría la droga constituía acto auxiliar y coadyuvante y no de realización de la conducta típica (transportar), por lo que modificaron la calificación de la participación del procesado de autor a cómplice. El entonces juez Jorge Blum Carcelén en voto de minoría ratifica la sentencia del inferior y la pena impuesta. Baste dar una breve ojeada a la decisión señalada, como para preguntarse si nuestros jueces quisieron favorecer al narcotraficante de marras o ignoran absolutamente lo que es la coautoría y su diferencia con la complicidad. En ambos casos (corrupción o ignorancia supina), lo que queda claro es que nuestros órganos judiciales, especialmente los de más alto nivel, no brindan garantía alguna a la ciudadanía de estar a la altura de impartir justicia de manera adecuada.

La reacción de las Fuerzas Armadas ante la evidencia de que varios de sus miembros trabajaban para los carteles de la droga, no puedo ser más lastimosa. En un comunicado de prensa difundido en redes sociales afirman que el oficial señalado en el testimonio del narcotraficante ya no pertenecía a la institución en octubre de 2009 en que fue detenido transportando la droga, pues en julio del mismo año habría pedido la disponibilidad. Lo que omiten decir es que la baja del oficial recién se dicta en 2010 y que de la evidencia incorporada al caso, resulta claro que venía ejerciendo estas actividades ilícitas desde hace varios años y siempre en calidad de oficial en servicio activo. La explicación responde a la lógica de tratar estos temas como casos aislados, una especie de errores estadísticos en una milicia que al parecer analiza sus problemas internos mirándose al ombligo. Recién en septiembre de este año, hace apenas dos meses, se encontró una tonelada de droga nada más ni nada menos que en la Base de Manta, la que al parecer iba a ser transportada también a México. También entonces se trató el tema como un “caso aislado” del que resultaron presos y procesados un sargento segundo y un cabo primero. Si se revisan los datos de los grandes operativos contra el narcotráfico realizados en los últimos tiempos, se puede constatar fácilmente que en prácticamente la totalidad había oficiales en servicio activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, entre quienes se detuvo en poder de enormes cantidades de droga.

La explicación simple y ombliguista del “caso aislado” es insuficiente, así como el presentar detenidos a un par de miembros del personal de tropa, como si ellos tuvieran tanto poder como para almacenar una tonelada de droga en una de las bases militares más importantes del país. Es evidente que existe una fuerte impregnación del narcotráfico en nuestra fuerza pública y justificaciones que no partan de una investigación interna seria, serán siempre impresentables. Resulta claro, además, que lo relatado en el juicio del Chapo respecto a lo sucedido en 2009 sigue pasando al día de hoy.(O)

Si se revisan los datos de los grandes operativos contra el narcotráfico realizados en los últimos tiempos, se puede constatar fácilmente que en prácticamente la totalidad había oficiales en servicio activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, entre quienes se detuvo en poder de enormes cantidades de droga.