El presidente Moreno no desea traer al país una Comisión Anticorrupción similar a la Cicig de Guatemala. Habría sido convencido por círculos influyentes, dentro y fuera del Gobierno, para no honrar su promesa de campaña. Esto ocurre frente al evidente fracaso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y sin que se haya recuperado una ínfima parte de los dineros públicos atracados, que un organismo internacional estimó en $ 70.000 millones.

La decisión implicaría un mensaje que entraña invitación a seguir usando la vía de la corrupción para acceder al dinero fácil.

Afortunadamente, en dirección contraria a la corriente negativa del Gobierno, cada día se incrementan los pedidos ciudadanos, así como de columnistas de opinión y asambleístas (como Héctor Yépez y Fernando Callejas) para que el presidente cumpla su ofrecimiento de traer una comisión internacional integrada por investigadores extranjeros experimentados en la lucha contra la corrupción organizada, apoyada por Naciones Unidas, pues el país carece de los medios y experiencia. El presidente no ofreció auditores para contabilizar el monto de peculados, sino una comisión similar a la Cicig para atrapar a los responsables y recuperar los dineros. Así lo entendimos y se lo hemos venido recordando. No se comprometió a gestionar el modelo fracasado promovido por la OEA en Honduras.

En febrero de 2018, el jefe de la misión anticorrupción de la OEA en Honduras renunció por falta de apoyo económico del ente regional y del propio Gobierno hondureño. La población quería una comisión de Naciones Unidas similar a la existente en Guatemala. En el caso de la Cicig, esta opera financiada por países que han desembolsado cumplidamente los dineros necesarios en los once años de su existencia.

La operación de la Cicig no afecta la soberanía guatemalteca. El pasado 9 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción en El Salvador, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, ratificó que ese organismo tiene como tarea apoyar al Ministerio Público (MP) –equivalente a la Fiscalía General del Ecuador– y no lo sustituye. El MP conserva la titularidad de la acción penal. Aclaró que una investigación de la Cicig, “… si no es admitida, compartida y aceptada por el MP, puede quedar para los archivos... sin ninguna incidencia judicial, porque es el Ministerio Público guatemalteco el que dirige la investigación y tiene la responsabilidad de judicializar”.

Para Steven Dudley (columnista del New York Times e investigador del crimen organizado en las Américas), la Cicig es uno de los experimentos más importantes sobre justicia en la región. Ella efectuó una de las investigaciones más relevantes contra las élites en la historia de Guatemala y puede “enseñarnos muchas lecciones que pueden ser aplicadas más allá del país”. La lección primordial es que no existe un sistema de justicia realmente independiente en países como Guatemala. Allá, el sistema judicial se convirtió en herramienta altamente politizada utilizada por las élites, políticos y criminales, por igual. “Los agentes judiciales están sujetos a presiones que van desde lo personal a lo político y lo económico. La independencia es imposible, en parte porque estos actores judiciales dependen de las mismas redes, tanto políticas como criminales…”, sostiene Dudley.

¿Acaso Ecuador no padece lo mismo que Guatemala? (O)