En medio del estupor causado por los sucesos de Posorja, queda latente la perplejidad ante los innumerables comentarios, especialmente en las redes sociales, que pretendían justificar de cualquier manera la orgía de sangre cometida en masa, lo que demuestra a su vez una tendencia justiciera que bordea la frontera de la ilegalidad y que, sin embargo, termina teniendo acogida y receptividad sin distinción de nivel cultural o social. Dato significativo al momento de querer analizar los sucesos de Posorja en toda su amplitud, pues nos recuerda qué tan cercanos son los límites de la degradación colectiva al momento de justificar hechos como los ocurridos en esta semana.

Debe mencionarse que existen varios estudios que tratan de analizar el problema del ajusticiamiento popular en toda su extensión, citando en este caso el del sociólogo Alfredo Santillán denominado ‘Ajusticiamiento popular en tiempos de la seguridad ciudadana’; en su ensayo, Santillán señala que el linchamiento transgrede dos principios básicos del orden de los estados modernos, “el sometimiento de ciudadanos al sistema jurídico formalmente reconocido, así como “el monopolio jurídico del uso de la fuerza por parte del Estado”, y agrega un dato importante, ciertamente polémico, al mencionar que los linchamientos son vistos como “irracionalidad” o “retroceso civilizatorio” en parte por una hipótesis que plantea, en el sentido de que no es la ilegalidad del ajusticiamiento en sí misma lo que le da el calificativo de barbarie, sino el hecho de que se produce a partir de ciertos elementos, tales como los escenarios de los ajusticiamientos, los métodos de castigo, golpizas, ahorcamientos, incineración, etcétera, lo que termina haciendo del ajusticiamiento una forma de “violencia precaria”.

En otras palabras, lo que menciona el ensayo es que la posición crítica y radical respecto del ajusticiamiento trae consigo algo de estigma; en ese sentido, queda claro que la viralización de lo ocurrido en Posorja con videos y fotografías que circularon de forma cruenta por las redes sociales permitió establecer dos posiciones claramente antagónicas, una que rechazaba de forma frontal la degradante manifestación colectiva de violencia y otra que justificaba el hecho ante el auge delincuencial. La constancia visual del ajusticiamiento, ¿modifica nuestra percepción efectiva de todo lo que está atrás de los hechos de Posorja?; es posible, pero más allá de ese análisis no hay duda de que cada día más se generaliza la percepción ciudadana de que existe una justicia complaciente en plena sintonía con normas legales permisivas y tolerantes.

Ese es el gran reto cuando ocurren hechos como el de Posorja, la necesidad de que el Estado recupere la legitimidad en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones; mientras eso no ocurra, la raíz del problema está ahí y la posibilidad de que se repitan tales ajusticiamientos seguirá latente, aún más cuando las redes sociales contribuyen con su mórbida inmediatez a diluir la esencia de la barbarie. (O)