En realidad, todo tiene que ver con el concepto del derecho, fundamental tópico de la teoría jurídica general, que ha sido y es objeto de estudio por parte de los más importantes juristas en el mundo. En Ecuador no se ha trabajado sobre este aspecto, lo cual no significa que no apliquemos uno, tácitamente aceptado, que lo asimila casi exclusivamente con la norma positiva… la ley es el derecho. Planteo que esta noción asumida no es producto de la reflexión académica local, sino el resultado de la aceptación sin reservas de criterios que vieron en la magnífica creación de la idea de la ley a la representación exclusiva de lo jurídico. Sin embargo, su naturaleza es mucho más compleja. No voy a mencionar las múltiples posibilidades que conllevan las tentativas de definirlo. Propongo una, la denominada tridimensionalidad del derecho, que sostiene que la norma, el hecho y el valor le son consustanciales.
Con este preámbulo abordo el desarrollo del título de esta columna. Los consultorios jurídicos son espacios universitarios para practicar el derecho. Los estudiantes deben aprobar un número determinado de créditos para, ya en el tramo final de su formación, ejercitarse en esos lugares. Sostengo que esta estructura responde al no debatido, pero sí incorporado criterio que asimila al derecho con la ley. Las prácticas que se realizan en los consultorios están orientadas a la utilización de la norma legal en los ámbitos de asesoría, mediación y especialmente en el litigio. En esos espacios no hay cabida para relacionarse con los procesos de creación jurídica que requieren amplios conocimientos de la compleja realidad social, y menos aún hay lugar para la incorporación pedagógica previa de los principios morales que fundamentan los sistemas jurídicos.
Los consultorios consagran la deriva académica que prioriza el aprendizaje de leyes para utilizarlas en la solución de conflictos, dejando de lado el ineludible y siempre presente momento de construcción del sistema y elaboración de leyes en el cual la formación social y moral es fundamental. La academia, en un alto porcentaje, forma usuarios de normas y se aleja dramáticamente de la educación teórica y moral que permitiría incidir de manera decisiva en el mejoramiento de la institucionalidad jurídica.
Por lo dicho, es necesario un nuevo criterio general de la práctica del derecho que incluiría al vigente. La realidad social en su cotidianidad sería el gran escenario y, para estar ahí, los estudiantes recibirían educación social, científica y formación para interactuar humana y profesionalmente en la sociedad con la permanente intención de conectar sus conciencias y voluntades con el entorno para construir y vivir sistemas jurídicos coherentes con su fundamento básico, la justicia. Para lograrlo, se requiere potenciar enfoques sociológicos, económicos y políticos, entre otros, así como el estudio teórico de la norma y la reflexión moral, pues como lo escribió Ossorio en El alma de la toga, en el abogado la rectitud de conciencia es mil veces más importante que el conocimiento, pues “primero es ser bueno, luego firme, después prudente, la ilustración viene en cuarto lugar, la pericia en el último”.
En realidad, todo tiene que ver con el concepto del derecho. (O)
