Reflexiones y propuestas

Sin duda la noticia de la semana fue la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social temporal, en adelante CPCCS-t, de disponer que el Consejo de la Judicatura transitorio no ejerza la atribución que el artículo 181.3 de la Constitución le confiere respecto de los órganos jurisdiccionales en general y de la Corte Nacional de Justicia en particular, esto es, la de evaluar a estos.

Evidentemente las primeras alarmas que saltan se refieren a la legitimidad de dicha disposición, pues una atribución constitucional no puede ser suspendida por un órgano administrativo o de control, mediante una resolución como en el presente caso. Lo adecuado es enfocar esta “decisión” desde lo ético, pues desde lo jurídico una disposición de este talante no tiene valor alguno. Legalmente el Consejo de la Judicatura transitorio tiene todas y cada una de las facultades señaladas en la Constitución y la Ley, entre estas la de evaluar a jueces y demás funcionarios de la Función Judicial. Desde lo ético, en cambio, el órgano de control administrativo disciplinario transitorio de la justicia ha caído en tal nivel de cuestionamiento ciudadano, que una evaluación adecuada se vuelve riesgosa.

¿Cómo pasó que un órgano colegiado, designado con todo el apoyo de la ciudadanía y conformado por cinco juristas de reconocido prestigio pueda haber implosionado en apenas tres meses de gestión? La respuesta a esta interrogante no es tan simple y sencilla de elaborar. Luego de siete años de un Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh, en el que la injerencia en la administración de justicia era más que evidente, en el que los concursos no podían ser más tergiversados y amañados, en el que la supervivencia en el cargo y el afán de agradar al poder se constituyó en el leitmotiv de los jueces y demás operadores judiciales, sin que nadie pueda oponerse o denunciar esto, so pena de ser sometido a persecución y escarnio; la tolerancia de la ciudadanía al día de hoy es de cero o casi cero. Si a esto añadimos un correísmo desesperado, que ve cómo desmontan todo el andamiaje de impunidad y persecución que construyó y que está dispuesto a lanzarse a dentelladas contra todo funcionario que no provenga de su vertiente y a magnificar cualquier traspié que estos cometan, entonces tendremos una imagen bastante clara del nivel de presión social al que se encuentran sometidos los vocales de la Judicatura transitoria.

¿Cometieron errores los vocales en funciones? Sin duda e infantiles. Suspender a una jueza por haber sustituido una prisión preventiva, enviar oficios a jueces requiriendo explicaciones respecto de casos específicos o llamar a una jueza para expresar preocupación por sus actuaciones judiciales, llevó a más de uno a pensar que nada había cambiado y que las prácticas de la justicia correísta seguían replicándose en el esquema actual. La presentación de denuncias de supuesta corrupción interna desencadenó la animadversión entre vocales y estas discrepancias se hicieron públicas de la peor forma posible, mediante la difusión de audios de sesiones reservadas. La desconfianza ciudadana creció como espuma y aquellos jueces que saben que con cualquier evaluación posible deberían ser separados de sus cargos, se frotaban las manos de la felicidad. La mafia judicial que todavía opera en el país vio cómo las contradicciones internas en la Judicatura les prestaba un regalo inesperado y la posibilidad cierta de continuar traficando casos a su antojo. Los jueces que condenaron por aplaudir, que dictaron prisiones preventivas contra periodistas, que calificaron de maliciosa y temeraria la denuncia del propio Julio César Trujillo y demás vocales de la Comisión Anticorrupción contra el excontralor Carlos Pólit y otros de la misma calaña, aparecieron en rueda de prensa, agazapados tras las faldas de la presidenta de la Corte Nacional, cuyo buen nombre y trayectoria les proporciona un amplio paraguas bajo el cual guarecerse.

¿Qué viene ahora? Pues la elección de un nuevo Consejo de la Judicatura, esta vez definitivo, que en algo menos de dos meses ya debería estar en funciones y encargado de aquellas asignaturas pendientes que deja el transitorio. Los nuevos vocales no deberían echar en saco roto las enseñanzas que este proceso político nos deja sino priorizar los temas de debate, sin distraerse en aquellos de menor cuantía. La evaluación de la Corte Nacional de Justicia y posteriormente de los demás órganos de la justicia en el país, es un factor fundamental que determinará confianza de la ciudadanía. Más que un cambio de nombres, que al final del día no resuelve nada, es imprescindible que se identifiquen los problemas estructurales de nuestra administración de justicia y se desmonte la estructura mafiosa que todavía opera a todo vapor. (O)

La mafia judicial que todavía opera en el país vio cómo las contradicciones internas en la Judicatura les prestaba un regalo inesperado y la posibilidad cierta de continuar traficando casos a su antojo.