Ricardo Mena*
Como sabemos, nuestro país está altamente expuesto a las amenazas naturales y a los efectos del cambio climático. Basta con mirar la historia para recordar el sufrimiento que debieron soportar miles de compatriotas que resultaron afectados como consecuencia de los desastres.
Y como pasa en muchos países como el nuestro, las personas que resultan más afectadas a causa de estos eventos son generalmente los más pobres y marginados, los niños, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Pero ¿por qué es esto así? ¿Es cuestión del destino o existen quizás otras razones?
En realidad, los factores de riesgo se relacionan tanto con el nivel de exposición de las personas a las amenazas, por ejemplo, qué tan cerca del río o la quebrada está ubicada su vivienda, como con las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a esa persona y su capacidad para absorber una situación adversa y reponerse de ella. Por ejemplo, qué tan apropiada es la estructura de su vivienda para absorber el impacto de la amenaza, si tiene o no acceso a servicios básicos, de salud, educación, información sobre el riesgo, sistemas de alerta temprana, programas de protección social, si es sujeto de crédito, entre muchos otros factores.
Dicho de otra manera, si una persona vive en una zona expuesta a sismos, la construcción en la que habita, trabaja o estudia no reúne las normas mínimas de sismorresistencia y no tiene acceso a información respecto a lo que potencialmente podría enfrentar, tendrá probabilidades mucho menores de sobrevivir en caso de que ocurra un terremoto. Mucho menos aún si dicha persona tiene alguna discapacidad que no le permita ponerse a buen recaudo.
Además, si las inversiones que realiza el Estado ecuatoriano no toman en cuenta aspectos relacionados con el riesgo de desastres al hacer el análisis costo-beneficio, el mismo Estado se convierte en una máquina generadora de riesgo que quedará latente, hasta que se manifieste una amenaza. Asimismo, si algún gobierno local permite el levantamiento de construcciones en zonas altamente expuestas a las amenazas, contribuirá también a crear más riesgo del ya existente.
Entonces ¿en quién debe recaer la responsabilidad de la reducción del riesgo? ¿Quizás en las instituciones que gestionan los desastres cuando estos ya han ocurrido, tales como la Policía, Cruz Roja o Fuerzas Armadas? ¿O más bien en una institución que tenga la capacidad y autoridad para orientar y coordinar a los diferentes sectores del gobierno, la sociedad civil y las comunidades de tal manera que todos los esfuerzos encaminados a alcanzar el desarrollo sostenible puedan llevarse a cabo sin crear nuevo riesgo y disminuir el ya existente? Cada lector debe responder a esta pregunta y juzgar si la propuesta de anexar la Secretaría de Gestión de Riesgos al Ministerio de Defensa tiene o no sentido. (O)
* Administrador de riesgos.