No hay consenso sobre el origen de esta palabra que se oye cada vez más, “escrache”. De lo que recuerdo comenzó a usarse en los medios de comunicación argentinos y su sonoridad ciertamente remite al habla rioplatense. Además, las distintas prácticas que se denominan con este término son habituales en la política de Argentina. Se trata de acciones directas, es decir reales, con presencia física de personas, que mediante diversos efectos, como expresiones vocales o corporales, tratan de poner en evidencia a determinado sujeto al que acusan de alguna conducta ilegítima. ¿Es esto tolerable? En primer lugar, debe descartarse cualquier tipo de agresión física, caso en el cual se convierte en delictuosa. De igual manera si conlleva daños a la propiedad privada o pública, debe ser sancionada. En esta última posibilidad entra el grafitismo que, digan lo que digan sus cultores, provoca un menoscabo a los bienes de otros.

Nuestro esfuerzo definitorio puede ser complejo porque intenta ser ecléctico. Comprende un elemento que parece central y se encuentra en todas las propuestas que pretenden conceptuar el escrache: la visibilización. Siempre un escrachador quiere exponer públicamente a alguien por algo. Entonces es una forma de expresión y como tal podría acogerse a los códigos de la libertad de expresión. O sea, mientras no rebase las líneas rojas marcadas en el párrafo anterior, no podría ser reprimido. Incluso cabría ampliar esas restricciones, no debería exceder determinado nivel de sonido, ni interrumpir vías, en definitiva, no afectar a terceros a pretexto de una denuncia. Y, por exactamente las mismas razones que se lo permite, podría estar sometido a las leyes que impiden la publicación de información calumniosa, dañosa o falsa y sus actores deben asumir la responsabilidad de sus afirmaciones.

Sin embargo, tomemos en cuenta que las leyes de casi todos los países impiden la publicación de los nombres de los implicados en faltas o delitos, mientras no se haya llegado a determinado punto del proceso judicial. Por eso, los medios de comunicación recurren a la fórmula de poner iniciales o el nombre con inicial del apellido (v. g.: Alfonso R.), para informar sobre crímenes y faltas graves. Se hace así para preservar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, asumiendo que la vergüenza pública que provoca el conocimiento de la conducta delictuosa es en sí misma una sanción, que además daña la fama del condenado y su familia. Entonces, considerando que el escrache va siempre contra alguien, que nunca es una denuncia en el aire, algo que no se lo permite a los medios formalizados, ¿por qué y cómo se va a autorizar a grupos o a personas sin ninguna formalidad, poner en la picota a otros que ellos “piensan” o “creen” son culpables de cierta fechoría? El escrache tiene mucho de justicia por mano propia, es un linchamiento moral. Es esencialmente un “perjuicio”, algo que está antes del juicio (preaiudicare), y debe estar proscrito en un país en el que rige el imperio de la ley.(O)