Diríamos, exagerando, que hemos perdido ya el registro del número de veces que se ha sugerido la impostergable necesidad de emprender el rescate del IESS, entidad en la que los trabajadores –sus propietarios– han depositado su confianza para asegurar en el tiempo un mínimo bienestar; la atención de la salud; y, sobre todo, el tránsito por la vejez, cuando el paso de los años, como diría alguien, “alivie esa ‘enfermedad’ llamada juventud”.

Pero, cuánto engaño e irresponsabilidad revela la “gestión” de tantos que han ocupado las posiciones directivas más importantes en la entidad, sin un ápice de conocimiento –salvo alguna excepción– sobre lo que el enrumbamiento del sistema de seguridad social exige, definido, claro, bajo parámetros de rigurosidad técnica, en una sociedad en la que ciertos patrones corporativistas suelen conducir al caos y a la degradación.

Los últimos diez años de la gestión gubernamental de Alianza PAIS, hasta mayo de 2017, son muestra de lo señalado. Los afiliados al IESS ya desearían conocer cuáles serían los países en los que la seguridad social ha “invertido” sus recursos y los de los empleadores en actividades de prospección petrolera (¿) o en construcción de hidroeléctricas (¿), como lo hicieron los “expertos” AP. O aquellos países en los que no habría límites para la utilización de los fondos previsionales por parte del Estado o en los que sería “justificada” la eliminación de ciertas cuentas por cobrar de los balances de la seguridad social, para citar algunos ejemplos ciertos.

En esta columna hemos insistido en que “…desde hace mucho tiempo, el IESS… ha sido conducido sin estrategias y políticas de sostenibilidad apropiadas... Confiado por lo general a no especialistas… hay insuficiencia de recursos para atender las prestaciones de salud y jubilación; sus inversiones no son las más rentables y convenientes; la dependencia del Gobierno central dificulta la aplicación de planes autónomos de desarrollo; la supresión, “condicionada”, del aporte estatal del 40% limita el financiamiento del fondo respectivo, sobre todo cuando la economía enfrenta serios desajustes (como es el caso); hay dudas sobre la real posibilidad de pago de la deuda estatal; sobre la modalidad de una posible asimilación de los regímenes especiales al de la seguridad social general; en fin, sobre cómo financiar el acceso a las prestaciones del IESS de familiares de los afiliados (un asunto que, en sentido estricto, debería asumir el sector público), entre otros aspectos”.

¿Seguiremos así? ¿Hay experiencia desde la administración del IESS para proponer reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema? ¿Se mantendrá el sistema de reparto, altamente ineficiente? ¿Hay mejores opciones? ¿O es que la “solución” afectará a los más débiles, como en el caso de Nicaragua, donde la dictadura Ortega/Murillo pretendió aplicar una estrategia indigna e inmoral frente a los jubilados?

El IESS es una entidad a cuyos propietarios sí importa el equilibrio y la optimización de sus cuentas. La proposición de correctivos dependerá de estudios actuariales serios, declarados hasta hace poco reservados por un superintendente de Bancos que nunca entendió el alcance de la vigilancia y supervisión bancario-financiera y, menos aún, lo que significa la administración pública de fondos de la seguridad social de los trabajadores. Se observan, en general, problemas similares a los detectados hace ya varias décadas, lo que es inaudito. Tampoco hasta ahora se conoce la estrategia de cambio que estaría discutiéndose a nivel oficial, lo que tendrá también implicaciones macroeconómicas.

…desde hace mucho tiempo el IESS… ha sido conducido sin estrategias y políticas de sostenibilidad apropiadas... Confiado por lo general a no especialistas… hay insuficiencia de recursos para atender las prestaciones de salud y jubilación; sus inversiones no son las más rentables y convenientes; ...

También alarma la evaluación preliminar que al parecer se ha hecho respecto del destino, rendimiento y perspectivas financieras de 69 fondos especiales de trabajadores, profesores y otros gremios, que en el mismo periodo pasaron a control del Biess. Nadie conoce con exactitud su situación y viabilidad futura.

Recordamos que uno de los primeros fondos “migrantes” fue el fondo previsional del Banco Central del Ecuador. Ese Fondo era uno de los más antiguos (databa de 1938) y fue creado por las leyes respectivas al constituirse la antigua Caja de Pensiones, anterior a la Caja del Seguro Social, cuando el BCE era una entidad de derecho privado con finalidad social y pública, lo que fue refrendado por la Constitución del año 1946, art. 19. Ese fondo subsistió con aportes de los trabajadores y del patrono, pues así lo establecía la normatividad vigente.

Cerca de 300 millones de dólares, se dice, habrían “migrado” al Gobierno central. La Asamblea Nacional, seguramente por disposición entonces “superior” y violentando un principio hasta entonces vigente, el de la no retroactividad de la ley, deslindó de una manera sui géneris –como casi todo lo que se hizo en esos 10 años– su responsabilidad con los jubilados del BCE.

Esos procedimientos deberán investigarse, después de que Contraloría ha hecho públicas varias “actuaciones” de los responsables del área económica del régimen pasado. En este caso: ¿adónde “migró” exactamente ese fondo? ¿Cuál fue el destino que se dio a esos recursos? ¿Cómo se “trató” entonces el balance del BCE? ¿Quiénes dispusieron sus utilizaciones posteriores y bajo qué referencias legales? ¿Dónde y cómo se registraron oficialmente los recursos “traspasados” del fondo? La Asamblea Nacional, ¿respetó los derechos ciudadanos reconocidos por las diversas instancias legales? ¿Qué norma prohibía a los jueces aceptar acciones de protección interpuestas por los ciudadanos ante el Estado?

Los ministros de Economía que se sucedieron en el ejercicio de ese cargo y los gerentes generales del BCE y funcionarios que corresponda, deberán rendir cuentas de lo realizado, así como quienes aprobaron desde la Asamblea Nacional y la Superintendencia de Bancos ciertas operaciones posiblemente reñidas con el ordenamiento legal.

Las injusticias, el abuso y la corrupción no van más. Al menos esa era la referencia de la administración actual. ¿Cierto?(O)