La Contraloría hizo un examen especial de los cetes emitidos en 2016 y 2017; estableció indicios de responsabilidad penal sobre varios funcionarios, incluido el expresidente Rafael Correa.

Esa no es la auditoría de fondo. Habrá que esperar que la Contraloría se pronuncie sobre la sistemática colocación de cetes al Central para extraerle USD 5 mil millones.

Los cetes, certificados de tesorería, son títulos valores de corto plazo que emite Finanzas para manejar la liquidez. Haría sentido, por ejemplo, que en diciembre Finanzas coloque cetes a 120 días para cubrir los gastos adicionales de fin de año, y que los pague a su vencimiento en abril, cuando sus recaudaciones son superiores a sus gastos, puesto que se recauda el impuesto a la renta. Los empresarios, muy líquidos en diciembre porque venden toda su mercancía, invertirían en cetes al tener la certeza de que se los pagarán en abril, cuando necesitan plata para pagar impuestos.

Esto, por supuesto, no sucede, porque el problema del Fisco no es de flujo de caja, sino de gasto desmedido que requiere un permanente aumento de la deuda pública.

La Contraloría establece que se usaron los cetes para fines no permitidos por la ley, se emitieron a plazos no autorizados, y otras violaciones a las normas. Auditoría más a las formas que al fondo.

Lo de fondo comienza cuando el Gobierno convierte al Banco Central en dependencia del Ejecutivo, bajo la férula del ministro de Finanzas. En ese instante, el Central deja de ser el organismo que vela porque la economía tenga la liquidez adecuada. Se convierte en instrumento para el financiamiento del Gobierno.

El Central maneja la reserva monetaria internacional, cuyos activos son el dinero depositado por bancos, alcaldías, prefecturas, IESS, y Gobierno. La plata depositada por los bancos es la nuestra: un porcentaje del dinero que depositamos en los bancos, estos tienen por ley que depositar en el Central.

Con la caída del precio del petróleo, a fines de 2014, Finanzas comenzó a colocarle cetes al Central. No era por problemas de momentáneos de liquidez, sino para solventar un tren de gasto excesivo. El Gobierno no tenía la intención de devolver la plata. Cada vez que se vencía un cete, automáticamente lo reemplazaba con otro. Un título de cortísimo plazo se constituyó en medio de financiamiento de largo plazo.

2014 terminó con USD 903 millones colocados en cetes al Central. 2015, con USD 1.315 millones. Para 2016 ya no hubo límites, cerró en USD 4.311 millones.

A mayo 2017, fines del gobierno de Correa, se llegó a USD 5.872 millones, y las autoridades decidieron reemplazar USD 2.317 millones de esa cifra con la propiedad de los bancos públicos. Como si los bancos privados pudieran entregarle a los depositantes cuando quisieran retirar su plata, un certificado que diga, “vale tanto por mil del valor de la Corporación de Finanzas Populares”.

La auditoría que hace noticia hoy no es la importante. Lo será la que establezca responsabilidades por haber saqueado las reservas monetarias internacionales, que determine la reversión de la entrega de la propiedad de la banca pública, y que establezca la necesidad de alcanzar excedentes fiscales para devolver lo tomado de las reservas monetarias.(O)