La pobreza ha alcanzado niveles inimaginables en Venezuela. El ciclo hiperinflacionario que experimenta el país desde hace varios meses ha destrozado cualquier salario, desaparecido ahorros e incluso ha llevado a la gente a vender sus activos para comprar comida.

A la pobreza de la gente se suma el deterioro de la infraestructura. Los servicios básicos simplemente colapsan. La electricidad presenta continuas fallas y en algunas zonas solo aparece de vez en cuando. El agua es un lujo que disfrutan unos pocos privilegiados. La salud y la educación, instituciones básicas para construir cualquier país, se deterioran a pasos agigantados.

El transporte público desaparece y es lentamente sustituido por camiones antes empleados en construcciones. El transporte privado también desaparece ante la escasez e inflación de las autopartes y repuestos. Para tener una idea, un solo caucho para un automóvil pequeño equivale a dos años y medio del salario de un profesor universitario o cuatro años de salario mínimo.

Pero sobre la pobreza el Gobierno levanta ahora otro problema: la desigualdad.

En primer lugar ha levantado la desigualdad política, dividiendo a los venezolanos en dos clases: los aliados y los enemigos. Los primeros tienen derecho a acceder a la comida subsidiada o a optar a los programas de vivienda social y demás políticas sociales desarrolladas por el Gobierno. Los segundos, son excluidos de los programas sociales y no pueden optar a trabajos en la administración pública. Ya en tiempos de Chávez el hoy perseguido exministro de petróleo y expresidente de la estatal petrolera venezolana, Rafael Ramírez, anunciaba que PDVSA era roja rojita, apuntando que no había espacio para opositores en esa industria. Hoy la exclusión y discriminación se extiende como mecanismo de racionalización de los bienes escasos administrados por el régimen.

En ese sentido, los derechos civiles han sido confiscados por el Estado, que no reconoce a todos los venezolanos como iguales. Pero a la desigualdad política ahora el Gobierno apunta a consolidar la desigualdad económica, erigiendo grupos privilegiados que tienen un estatus económico superior reconocido formalmente en la estructura estatal.

No nos referimos a los sectores que se han beneficiado económicamente del control cambiario o que han adquirido contratos con el Estado (la Boliburguesía), pues estos responden a una lógica que ni es oficial, ni transparente.

Nos referimos, en cambio, al brutal aumento oficial de salarios del sector militar que formaliza la desigualdad como mecanismo de estabilización del régimen.

En total, según el portal web Panam Post, el nuevo presupuesto aprobado para el sector militar es equivalente a todo el resto del presupuesto de la nación. Mitad para los militares, mitad para el resto del país.

Para tener una idea: el nuevo sueldo de un teniente es aproximadamente 24 veces mayor al salario de un médico, de un maestro de escuela o de un profesor universitario. Mientras el salario de un coronel es 48 veces mayor. En total, según el portal web Panam Post, el nuevo presupuesto aprobado para el sector militar es equivalente a todo el resto del presupuesto de la nación. Mitad para los militares, mitad para el resto del país.

Pero aún más desigual es la velocidad con la que aumentan los sueldos del sector militar en comparación con el resto de los empleados públicos. El aumento salarial aprobado por el presidente Maduro a mediados del mes pasado es el segundo del 2018 para el sector y supera incluso la velocidad de la hiperinflación que según la Asamblea Nacional es del 100% cada 28 días.

Mientras tanto, los médicos y trabajadores de la salud protestan en las calles por un sueldo digno sin ser escuchados o siendo calificados como traidores.

La era de la desigualdad mundial queda así inaugurada formalmente.(O)