El mayor tiempo continuo sin gobernantes que se autodenominen de plenos poderes, en la historia republicana, es el que viene desde la posesión de Jaime Roldós Aguilera, 10 de agosto de 1979, hasta los días que vivimos.

¿País ejemplo de democracia?, no es cierto. Por etapas, ha habido ficciones de democracia bajo gobernantes autoritarios, con legisladores, jueces y autoridades de control que se les sometieron, y con un allanamiento, por engaño, por desinterés, o por temor, de ciudadanos o de sectores de la sociedad, que lo han permitido.

Gobernantes cayeron en omisiones y errores que los precipitaron fuera del poder, siendo reemplazados por sus vicepresidentes. El caso más forzado fue el de “cinturita” Fabián Alarcón, quien en 1997, sin ser vicepresidente de la República, fue designado presidente interino.

Las Constituciones de 1978, 1998 y 2008, sus reformas e interpretaciones, así como cientos de leyes expedidas –algunas bautizadas como “leyes troles”, porque se han mezclado varias materias– no siempre han marcado mejoras en lo político y en el orden jurídico, sino que en ocasiones –y no pocas– han significado el acomodo de la legislación a lo que quieren hacer los gobernantes, no siempre para el bien del Ecuador.

El agotamiento del pueblo ecuatoriano, el 2006, fue el entorno para que Rafael Correa Delgado (RCD) ocupe el poder por más de 10 años –enero del 2007 a mayo del 2017–. Posesionado el 15 de enero de 2007, días después violentó espacios de poder, convalidándose lo actuado mediante consulta y luego por la elección e instalación de la Asamblea Constituyente, que expidió la Constitución del 2008.

RCD impuso su voluntad en el Ecuador, sus protegidos tuvieron patente de corso hasta que salían del Ecuador, sus desafectos los potenció en el odio y la persecución.

En importantes materias se legisló y decidió para el abuso y la simulación.

RCD, en todos los casos en que brota el pus de la corrupción o el atropello, asume que nada conoció. Podría hacer recordar la frase de aquel que esconde las cosas y sale a demandar “a mí que me rebusquen”.

¿Qué y cuánto es verdad y qué y cuánto es mentira de lo que se conoce de su gobierno?

Las secuelas del correato son múltiples y generan los espacios de los mayores desafíos de los días que vivimos.

Con Lenín Moreno se percibe libertad y apertura para la transparencia de información, aun cuando hay segmentos duros del correato en varias entidades, que generan dudas sobre en cuánto realmente acatan las órdenes del actual gobernante.

No olvidemos que la oposición del correato está orientada a parar la investigación de la corrupción que, en su década, no fue de casos aislados, sino de engranajes, que aún están por evidenciarse.

Del equipo inicial de gobierno de Moreno –mayo del 2017– se ha pasado a otro actuante, pero se percibe que aún falta coordinación que asegure oportunidad y coherencia en las decisiones que deben darse.

La apertura para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio pueda trabajar con la eficiencia que lo hace, merece reconocimiento. Ojalá el Consejo de la Judicatura transitorio también resulte eficiente y oportuno.

Pero lo más sensible es lo económico y lo relativo a la seguridad social. Está en juego la calidad de vida de los ecuatorianos y la garantía efectiva de la dolarización, contra las cuales conspiraron múltiples decisiones deshonestas e irresponsables del correato.

Queremos que el Gobierno piense y actúe para el Ecuador inmediato y de mediano y largo plazo, en democracia, con seguridad jurídica y de oportunidades, no un país que puedan arrasar filibusteros del siglo XXI. (O)