La prescripción es un modo de adquirir o perder derechos por el transcurso del tiempo. En el campo del Derecho Penal, es una forma de compasión, porque se extingue el derecho del Estado a punir. Pero hay delitos en que no cabe la prescripción: son aquellos terribles como el genocidio y los que violan gravemente los derechos humanos. Tampoco prescriben los tipificados por la ley como el peculado, el cohecho, la concusión y otros de similar naturaleza. El bien afectado es el dinero del pueblo que los administradores utilizan en provecho propio. También hay peculado bancario. Todo esto está en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este código se dictó en plena revolución ciudadana y muchos pensaron que se iban a incrementar las penas contra los autores de peculado y delitos similares, porque en 2014 todavía no se conocía la red perversa que se tejía para aprovecharse de todos los contratos del Gobierno central. Como que se curaron en salud y estaban tan seguros de perpetuarse en el Gobierno que no pudieron imaginar que las circunstancias políticas y la hartura del pueblo los iban a sacar del poder. El meollo es que con rebajas por buena conducta y otras causales, a los pocos años podrían salir libres a disfrutar del dinero robado. El caso de secuestro del señor Balda es apenas pigricia en el conjunto de los delitos que recién empiezan a investigarse. Falta lo peor: cohecho, concusión, peculados en casi todos los contratos, descuidos como en las hidroeléctricas (delitos por omisión), el problema de la refinería de Esmeraldas, el proyecto de El Aromo. Sume, lector, las cifras y encontrará cifras nunca vistas en nuestra historia.

Tarde o temprano, el brazo de la ley caerá sobre los ladrones y quien se decía jefe de todas las funciones del Estado no podrá librarse de ser involucrado en los delitos que se investigan. Fiscales y jueces deben cumplir con su deber, de manera imparcial, pero con la severidad que la materia exige, sin dar oportunidad para que aleguen ser víctimas de persecución. Ya lo están diciendo y su maquinaria propagandística es muy experimentada y eficiente. Los delitos que se investigan no prescriben, de manera que el jefe y su combo pasarán su buena temporada en las cárceles del país o tendrán que vivir en el extranjero, huyendo del castigo. Quisiera añadir un dato de historia: Durante la república, en el año 123 a. C., los romanos dictaron la Lex Acilia Repetundarun para sancionar el delito de concusión. En ella se fundó Cicerón para acusar y hacer condenar a Cayo Verres, un gobernador de Sicilia que abusó de su cargo para enriquecerse y oprimir al pueblo. Las célebres “Verrinas” han pasado a la historia como un ejemplo de oratoria forense. Por supuesto, Verres no se presentó al juicio y prefirió exiliarse. Cobarde, como todos los abusivos.

Los magistrados de la Corte Nacional y del Tribunal Constitucional deben demostrarle al pueblo su probidad porque de ellos depende la salud de la república democrática. (O)

Nota: Por error envié un artículo que no correspondía. Este es el que debió publicarse ayer. Lamento lo ocurrido y pido disculpas a los lectores.