Un día como hoy hace 48 años, con un decreto expedido por el entonces jefe supremo, José María Velasco Ibarra, la llamada Caja de Pensiones, que había nacido en el gobierno de Isidro Ayora, se transformó en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Lamentablemente, hoy el IESS no es lo que tenía en mente Velasco ni mucho menos Ayora. Sus fondos, que pertenecen a los trabajadores, lejos de servir para beneficiarlos, se han destinado a cubrir las “necesidades” del Gobierno.

Con mucha razón, el economista estadounidense Thomas Sowell hace la siguiente pregunta a la ciudadanía: “¿Firmaría usted un contrato que permitiera a la otra parte cambiar los términos de ese contrato a voluntad, mientras que usted no podría detenerlo ni realizar ningún cambio por su cuenta? Probablemente no”. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucede cuando se contribuye al fondo de pensiones del IESS. Nuestro sistema obliga al empleado a firmar dicho contrato, a realizar aportaciones mensuales, a “ahorrar” para su jubilación en una gran cuenta común sin conocer el paradero de su dinero, y finalmente a financiar ciertas irresponsabilidades de los gobiernos con excusas varias.

Frente a este escenario, la solución evidente es un sistema de capitalización privado administrado por varias compañías de seguros que compiten entre sí, las cuales están legalmente obligadas a pagarle al trabajador lo prometido, cuando se lo prometieron, y a mantener los activos suficientes para mantener sus promesas.

El presidente Sixto Durán-Ballén en el año 1995 consultó en un referéndum la posibilidad de incorporar en la Constitución la elección del trabajador entre un esquema de seguridad social público o uno privado. Ganó el NO, pero se atribuye esta negativa a cierta oposición, quien tornó el referéndum contra Durán-Ballén y no contra la propuesta en sí, metiendo miedo a la gente respecto a sus ahorros jubilares.

En cambio, en Estados Unidos, durante la campaña electoral del año 2000, Al Gore dejó algo muy claro: “No privatizaré la seguridad social”. Y repitió hasta el cansancio: “La privatización es un esquema arriesgado”.

Aunque parezca una mala broma, el factor ‘riesgo’ sigue siendo la gran objeción a privatizar el sistema de seguridad social. Creer que los políticos saben lo que es más conveniente para el ciudadano mejor que el propio ciudadano es la filosofía detrás de muchos otros programas gubernamentales. Pero ¿acaso hay algo más arriesgado que dejar este fondo vital para la vejez en manos de ese contratante que puede cambiar las reglas del juego y hacer uso de estos fondos sin consultar a sus dueños?

Desde sus inicios, la seguridad social se ha ejecutado como un esquema piramidal, donde las primeras personas a las que les pagan obtienen dinero de la segunda ola de personas que pagan, y la segunda ola recibe dinero de la tercera ola, y así sucesivamente. Esto es tan arriesgado que los esquemas piramidales son ilegales, excepto cuando el Gobierno lo hace.

Quisiera pensar que ni Ayora ni Velasco previeron este escenario pero hoy, 48 años después de ese decreto que dio origen al IESS, podemos concluir que nada es más arriesgado que confiar nuestra vejez a los políticos.

(O)